José Prieto Gutiérrez, un marinero barbateño que estuvo recluido en el Fuerte de San Cristóbal  

El hallazgo en abril de una fosa común donde enterraron en 1938 a numerosos muertos de una fuga masiva en el Fuerte de San Cristóbal, cerca de Pamplona, ha vuelto a poner de actualidad lo ocurrido a partir del 22 de mayo, que fue el día en que se inició. También acaba de reeditarse la obra de Fermín Ezkieta, Los fugados del Fuerte de Ezkaba (2013), que junto a la de de Félix Sierra e Iñaki Alforja, Fuerte de San Cristóbal 1938. La gran fuga de las cárceles franquistas (2006), ha estudiado minuciosamente el hecho.  

 

La fuga del Fuerte de San Cristóbal, también llamado Fuerte de Ezkaba, fue tan masiva, que llegó a conocerse como "la gran evasión". Y tuvo tanta trascendencia, que la prensa de EEUU y el Reino Unido llegó a reflejarla en sus páginas, como hicieron The New York TimesThe Guardian o The Times.

 

Los datos que aportan las investigaciones realizadas, resultan entre sorprendentes y dramáticos. Lo primero, por la dimensión, dado el elevado número de personas afectadas. Y lo segundo, por el elevado número de víctimas. En el momento de la fuga había 2.487  presos, si bien a lo largo de esos años llegaron a pasar por la fortaleza 4951. Se fugaron 795, pero acabaron siendo capturados 584. Fueron abatidos cuando transitaban por el monte, camino de Francia, 207. Sólo 3 lograron pasar la frontera. Quienes fueron capturados, tuvieron que pasar por los correspondientes consejos de guerra, acabando 14 fueron de ellos fusilados, acusados de haber organizado la fuga.

 

Pues bien, entre los presos que estuvieron en el Fuerte de San Cristóbal se encontraba un barbateño: José Prieto Gutiérrez. Poco sabemos de él, salvo la información encontrada en las páginas electrónicas Todos (…) los nombres, cuyos datos provienen de la obra de Sierra y Alforja; Fuerte de San Cristóbal-Txinparta, con la obra de Sierra y Alforja como fuente; y Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, donde se reproduce el listado de presos que pasaron entre 1936 y 1943, contenidos en Episodios de terror durante a Guerra Civil na provincia de Pontevedra (2007), de G. Amodeo y R. Gil.   

 

A través de las mismas podemos acercarnos a nuestro personaje, del que nos indican que había nacido en Barbate y era marinero. Ignoramos cómo pudo llegar al norte de España, pero lo cierto es que el 1 de septiembre de 1937 fue condenado a 12 años de cárcel por un tribunal militar de San Sebastián, acusado de “auxilio a la rebelión”. Por esa razón  fue recluido en el Fuerte de San Cristóbal, donde estuvo entre el 12 de enero y el 15 de septiembre de 1938. Teniendo en cuenta esta última fecha y el hecho de que no conste el haber sido juzgado por un consejo de guerra, no debió de estar entre los fugados. La salida del Fuerte estuvo acompañada, como consta en la información obtenida, de su trasladado a otra prisión, esta vez en Galicia y, más concretamente, en la Colonia Penitenciaria de la Isla de San Simón, en la ría de Vigo. Sin embargo, en la consulta que hemos hecho sobre las personas que estuvieron recluidas durante esos años no aparece su nombre.

 

José Prieto Gutiérrez pudo ser uno de tantos marineros que huyeron, bien desde Barbate o bien desde los caladeros de pesca donde estuvieran trabajando, cuando se dio el golpe militar de julio de 1936. Sabemos que bastantes lo hicieron desde Tánger, desde donde se dirigieron en mayor medida a Málaga. Iniciaron, así, un periplo de participaciones en distintos frentes de guerra, que culminó en casi todos los casos, cuando acabó la contienda, con su paso por algún campo de concentración y el posterior enjuiciamiento por un consejo de guerra.

 

El caso de José Prieto Gutiérrez, que ignoramos más allá de lo que hemos expuesto, pudo ser parecido. Pero no podemos decir nada más, porque sería conjeturar sin ninguna base. Lo que le ocurrió a partir del 15 de septiembre de 1938, cuando debió ser trasladado a la Isla de San Simón, y si cumplió la pena que le impusieron, que expiraba en 1949, por ahora no tienen respuestas.

 

 

José Prieto Gutiérrez fue, en fin, una más de las víctimas del fascismo, el mismo que provocó el estallido de una guerra en 1936, que reprimió con extrema dureza a quienes defendieron la República y que intentó que se borrara el recuerdo de lo ocurrido y de sus víctimas. 

Abel Estudillo y Jesús Montero disertaron  sobre "La represión en Barbate tras el golpe de 1936"

Ayer, lunes, los compañeros del Ateneo Republicano de Barbate Abel Estudillo Bernal y Jesús Mª Montero Barrado protagonizaron el primero de los actos organizados por el Aula Itinerante de Memoria Histórica y Democrática. Disertaron en la Casa de la Cultura sobre el tema "La represión en Barbate tras el golpe de 1936" con la presencia de un público que llenó la sala y que mostró gran interés.

A lo a lo largo de casi dos horas fueron dejando constancia de la labor que llevan realizando desde hace varios años, recogiendo, procesando y analizando información procedente de varios ámbitos. Han visitado los archivos municipales de Barbate y Vejer de la Frontera; recogido testimonios de personas que fueron testigos de los hechos, familiares o amigos; rastreado datos de distintas publicaciones, a su vez basadas en trabajos de investigación rigurosos, etc.

La información ofrecida es la primera presentada públicamente sobre distintos aspectos de la represión sufrida en Barbate desde que se iniciara la sublevación militar que derivó en una guerra de casi tres años y luego una dictadura. Un análisis que partió del carácter de la sublevación, cuyas consecuencias represivas estaban previstas con antelación, y que adquirió diversas formas, como los asesinatos de 12 personas (11 de ellas, desaparecidas), la reclusión en cárceles y campos de concentración, la depuración de profesionales y la destitución de cargos y en empleos municipales, los castigos económicos (separación del sorteo de hazas, multas, incautaciones, etc.)…

No faltó la referencia a las acusaciones que sufrieron, la huida al bando republicano, la situación de las mujeres y menores, la afiliación a diversas organizaciones políticas y sindicales… Y tampoco falto una alusión a las distintas formas de adaptarse o replantearse la vida durante la postguerra.

 

El Ateneo participará en los actos del Aula Itinerante de Memoria Histórica y Democrática

 

El Ateneo Republicano de Barbate es uno de los grupos y entidades que colaboran con el Aula Itinerante de Memoria Histórica y Democrática, dependiente de la Diputación de Cádiz. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre va a estar presente en varios municipios de la provincia, entre los cuales se encuentra Barbate.

 

Más concretamente, durante los días 14 y 19 de noviembre se desarrollarán diversos actos en la Casa de la Cultura, como la exposición "Conociendo la Memoria..." (todos los días); la conferencia “Una aproximación a la represión en Barbate tras el golpe de julio de 1936” (lunes 14), a cargo de Abel Estudillo Bernal y Jesús Mª Montero Barrado; el recital poético "Revuelta Poética Republicana” (miércoles 16), a cargo del grupo de teatro La Aurora de Barbate; la proyección del documental Tres días de julio (miércoles 16); y la representación de la obra de teatro Julie. La voz de cristal (viernes 18).

 

Precisamente la conferencia “Una aproximación a la represión en Barbate tras el golpe de julio de 1936” es la que dará inicio a los actos, contando para ello con la presencia de dos miembros del Ateneo Republicano de Barbate. Abel Estudillo Bernal y Jesús Mª Montero Barrado llevan algunos años dedicándose a investigar lo ocurrido durante ese tiempo y aportarán bastantes datos sobre una parte de la historia y la memoria del municipio que hasta hace poco  resultaba incompleta, fragmentada y hasta manipulada.

 

Esperamos que los actos tengan una presencia numerosa de personas y que respondan a las expectativas de comprender mejor lo ocurrido. En el ánimo del Ateneo Republicano de Barbate se encuentra el sacar a la luz aquello que se ha ocultado y que necesita conocerse. 

El Ateneo Republicano de Barbate está presente en una reunión provincial sobre memoria histórica celebrada en Jerez

 

El pasado martes, 1 de febrero, se celebró en la sede de la de la CGT en Jerez de la Frontera una reunión sobre la recuperación de la memoria histórica. En ella estuvo presente Jesús Montero, en nombre del Ateneo Republicano de Barbate. Asistieron representantes provinciales de grupos memorialísticos (foros, asociaciones o ateneos de Algeciras, Jerez, Puerto de Santa María, Barbate, Puerto Real, Ubrique, Jimena de la Frontera, San Fernando, CGT…), grupos municipales (Bornos, Medina Sidonia, Trebujena, Jerez…, en todos los casos de IU) y grupos políticos y sindicatos (IU, Podemos, CCOO, UGT, CGT…). No faltaron tampoco representantes de la Plataforma de apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo, como José Mª “Chato” Galante, de la asociación La Comuna, un asesor jurídico y Paqui Maqueda, miembro de dicha plataforma en Andalucía. Se contó con la coordinación y moderación de Cristóbal Orellana, de la Plataforma de Memoria Histórica de Jerez, y Ana Fernández, concejala de IU en Jerez.

 

La reunión tuvo dos partes, que, aunque diferenciadas, tenían nexos en común. La primera estuvo relacionada con la presencia de miembros de la Plataforma de apoyo a la Querella Argentina, que, principalmente en las personas de “Chato” Galante y el asesor jurídico que le acompañó, informaron acerca de la labor que están desarrollando y propusieron participar en la querella. La otra trató de la necesidad de coordinación de los distintos grupos memorialísticos de la provincia, para lo que se hicieron dos propuestas concretas que más adelante se expondrán.

 

La querella argentina contra los crímenes del franquismo

 

“Chato” Galante resaltó, en primer lugar, el hecho de encontrarnos en la mejor oportunidad desde la Transición para acabar con la impunidad del franquismo. Aludió por ello a la admisión por parte de la justicia argentina de una querella contra ese régimen por crímenes contra la humanidad.

 

La propuesta que planteó consiste en que los ayuntamientos se personen directamente en la querella. Esto se llevaría a cabo a través de un que se iniciaría con el acuerdo corporativo de declaración de la querella; luego, con la recogida de información, en muchos casos ya obtenida por los grupos memorialísticos, en forma de testimonios personales y pruebas basadas en las investigaciones históricas y exhumaciones de fosas realizadas; y finalmente, con la presentación de la querella.

 

Todo lo realizado hasta ahora está conllevando un proceso unitario y de gran complejidad, que se abrió el año pasado cuando un grupo de personas viajaron a Argentina y presentaron la querella, admitida por la jueza de ese país María Servini. Cada vez son más las personas que se están adhiriendo a título particular y son ya varios los ayuntamientos que han iniciado el proceso, como los de Pamplona y Zaragoza.

 

 “Chato” Galante hizo hincapié en el trabajo que se está llevando a cabo desde la base por parte de los grupos memorialísticos, algo que está siendo reconocido por parte de la comunidad universitaria. La plataforma cuenta también con el asesoramiento científico de algunas  universidades, como la Complutense y la Autónoma de Madrid, así como la Cátedra de Memoria Histórica de la UCM.

 

También  destacó Galante las mayores posibilidades existentes en la judicatura de base, más próxima a la realidad social y, por tanto, más sensible a las demandas que se le plantean de cara a llevar a cabo exhumaciones de fosas. Esto está ayudando mucho en la investigación y adquisición de pruebas incriminatorias contra el franquismo. Por el contrario, las instancias judiciales superiores están resultando poco receptivas, cuando no obstáculos directos, como ocurrió cuando el juez Baltasar Garzón fue acusado de prevaricación en su intención de procesar al régimen al franquista.

 

Los crímenes contra la humanidad no prescriben

 

El asesor jurídico presente en la reunión informó acerca de los argumentos jurídicos en que se está basando la querella. El primero, que los crímenes contra la humanidad no prescriben. Y el segundo, relacionado con la ley española de amnistía de 1977, porque la jurisprudencia internacional no avala que ese tipo de crímenes puedan ser motivo de olvido judicial.

 

Recordó que España ya firmó en 1976 el Pacto Internacional de Derechos Humanos, que implica la aceptación por la legislación española de su contenido. Dentro de la jerarquía de normas, siendo la Constitución la más alta, en ella se menciona la adhesión a dicho pacto y cuantos lo sean de ámbito internacional, por lo que no procede que ninguna ley orgánica u ordinaria la contradiga. Como consecuencia, impedir la investigación y juzgar el delito de crímenes contra la humanidad no puede impedirse. Otra cosa es si la aplicación de cualquier sentencia debe hacerse efectiva en virtud de la existencia de una ley de amnistía.

 

Intervenciones

 

A lo largo de la reunión hubo bastantes intervenciones, en su mayoría de gran interés. Andrés Rebolledo, de la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en La Sauceda y El Marrufo, destacó las enormes dificultades con que se encuentran a la hora de ahondar en su labor, derivadas sobre todo de la no admisión por parte de los medios judiciales de las víctimas que, habiendo desaparecido, no fueron nunca encausadas. Propuso, por otra parte, la elaboración de un plan B en caso de que la vía de la querella argentina no prosperara y concretamente mencionó la formación de una Comisión de la Verdad. En otra intervención posterior se refirió a la necesidad de ubicar y fomentar la publicidad de los lugares de memoria.

 

Cristóbal Orellana, de la Plataforma de Memoria Histórica de Jerez, resaltó la necesidad de una mayor y más permanente coordinación, proponiendo dos reuniones: una, en abril, con el fin de evaluar las actuaciones que se puedan llevar a cabo desde los ayuntamientos en torno a la querella argentina; y otra, para el otoño, con el fin de hacer una puesta en común de los trabajos de que se están llevando a cabo (investigación histórica, exhumaciones, divulgación, etc.).

 

José Luis Gutiérrez Molina, del grupo vinculado a la CGT Recuperación de la Memoria de la Historia Social de Andalucía, resaltó la importancia de las exhumaciones y pidió que desde los ayuntamientos se facilitara el registro de las personas represaliadas que no fueron inscritas como tales.

 

León Moriche, del Foro de la Memoria del Campo de Gibraltar, llamó la atención de la necesidad de que la Junta de Andalucía se involucre más en el tema y recordó que Andalucía ha sido el territorio más castigado por el franquismo.

 

Hugo Palomares, alcalde de Bornos, y Santiago Gutiérrez, primer teniente de alcalde de Medina Sidonia, pusieron a disposición sus ayuntamientos para llevara a cabo cuantas actuaciones se necesiten. Se recordó, así mismo, que, dada la precariedad de medios económicos que suelen tener los pequeños ayuntamientos, se pueden utilizar los recursos jurídicos existentes en la Diputación Provincial.  

 

Durante la reunión hubo un asunto que pareció esclarecerse, relacionado con las exhumaciones de los cuerpos de dos guerrilleros antifranquista enterrados en el término municipal de Medina Sidonia. La falta de coordinación y comunicación entre el grupo de memoria histórica de la CGT y del ayuntamiento es lo que ha llevado a ciertos malentendidos, que parece que ya están en vías de solucionarse.

 

Conclusiones

 

Finalmente, después de unas dos horas y media de reunión, se expusieron las conclusiones a las que se llegaron. Por un lado, lo relacionado con la querella argentina, de manera que desde la plataforma estatal se va a enviar un modelo tipo de declaración para iniciar el proceso en cada ayuntamiento; también, la necesidad de contemplar un plan B, concretado en la posibilidad de crear una Comisión de la Verdad; y por último, prestar atención desde los ayuntamientos a los registros de personas represaliadas que no aparecen inscritas ni en causas judiciales ni en ningún tipo de registro oficial.

 

Por otro lado, se aceptó la realización de las reuniones propuestas por Cristóbal Orellana para abril y otoño. Sobre la primera no quedó claro dónde iba a celebrarse, si bien el grupo de Jerez se propuso para coordinarla y desde Medina Sidonia se propuso acogerla.  

(Texto e imágenes de JMB)

No todos eran de Franco

Abel Estudillo Bernal

 

En este artículo hablaré de un capítulo de la historia de Barbate y de su localidad matriz, Vejer de la Frontera por aquellos años, ya que esta parte de su historia local es compartida por ambas, a la vez que está oculta y enterrada en el tiempo, como si un estigma de vergüenza forzara su olvido histórico. Y así, obligando a sus protagonistas y familiares a padecer una mudez y amnesia de por vida sobre los hechos que transformaron sus vidas y las de sus familiares.

 

Hablaré de aquellos años fatídicos de la Guerra Civil, de traiciones, de asesinatos sin sentido, de una locura colectiva donde llegó el hombre a perder la cordura y sólo a atender ambiciones, rencor y odio por el prójimo. Mientras lees estas líneas pensarás que ese episodio de la historia funesta de este país pasó de largo por este territorio y que sólo te vengan a la mente casos contados y bastante sonados, de los cuales ya se han escrito innumerables páginas. Los casos a los que me refiero son los del alcalde pedáneo por aquellos años, Francisco Javier Tato Anglada, conocido como “el Tato”, los hermanos Carito, Manuel y Juan, o el del maestro de Zahara de los Atunes, Manuel Abel Romero.

 

Son cuatro vidas segadas por la mano de sus conciudadanos y vecinos. Cuatro vidas que para muchos no es nada para lo que pasaba en el resto del país por aquellos días. Triste es pensar que unas vidas valen más que otras sólo por su nivel social o cultural. Para mí sólo es válido el nivel y calidad humana de las personas, ya que todos somos iguales ante las inclemencias de la vida.

 

Pero no son solo cuatro las vidas que se llevaron aquellos fatídicos años de asesinatos y represión. Fueron muchos los que perdieron la vida y hasta hoy no saben sus familiares donde están sus cuerpos. Hoy en día hay familiares que deambulan por cementerios de la provincia dejando ramos de flores en las tapias exteriores, ya que han oído que allí llevaban a estos valientes a ser ajusticiados por viles cobardes. Sí, valientes porque afrontaron la vida con ideas y dignidad, así también como su muerte. No como sus asesinos, que fueron cobardes de por vida, ya que mataban por la espalda o disponían de otros para realizar sus macabros deseos de muerte y ni hasta su muerte fueron capaces de afrontar su naturaleza pérfida.

 

Algunos de esos olvidados eran personas honestas, trabajadoras y, sobre todo, humildes. Como fueron...

 

DIEGO LIGERO LIGERO. Listero en la lonja y luchador por los derechos laborales de sus compañeros de oficio. Hablan de él que fue una persona de carácter reivindicativo, humilde y luchador. Algunos testimonios orales dicen que era de ideas socialistas, pero en los papeles oficiales escritos ya por la parte sublevada lo tachan de dirigente del Partido Comunista en Barbate. Fue apresado por sus ideas de izquierdas, ingresado en la cárcel de Vejer y después trasladado a la de el Puerto de Santa María. Es desde allí donde lo llevaron a ajusticiarlo sin ningún tipo de juicio. Le comunicaron a la familia su muerte, pero no el lugar donde este se encuentra.

 

FRANCISCO BRAZA BASALLOTE ¨FRASQUITO¨. Vivía en San Ambrosio y era labrador de profesión. Era militante del Partido Socialista y fue concejal en 1936. Era bastante inteligente, sabía leer y escribir, lo que dice mucho de su persona y su buen hacer como concejal, ya que en aquellos tiempos el analfabetismo imperaba en el campo andaluz. Al estallar el golpe de estado es avisado de su pronto apresamiento por su condición de izquierdas, por lo que decidió esconderse. Aunque de nada le sirvió, ya que fue delatado días después por un vecino. Fue llevado a la cárcel de Vejer y de allí partió hacia su muerte. En documentos de la época del ayuntamiento de Vejer se confirma su muerte, pero no su paradero.  Según testimonios orales se dice que puede estar en una fosa común en La Muela y otros lo sitúan en el cementerio de Tarifa, donde fueron fusilados dieciocho presos de la cárcel de Vejer. Eran todos ellos de ideas de izquierdas y sirvió para satisfacer el ansia de venganza de una familia adinerada de Vejer, ya que su hijo menor, miembro de Falange, había perdido la vida en combate contra las tropas leales a la República o, mejor dicho, al gobierno legalmente constituido.

FRANCISCO MIRALLES MORENO. De él hay menos datos. Se sabe que era miembro del Partido Comunista y que fue apresado por ello. Estuvo en la cárcel de Vejer y después fue llevado a Tarifa, donde fue fusilado. Probablemente fue uno de esos dieciocho que partieron de Vejer para Tarifa a encontrar su muerte.

 

FRANCISCO UTRERA RIVERA ¨GARRUCHO¨. Almadrabero de profesión y comparsista por devoción, de él se dice que fue presidente del Sindicato de la Almadraba, que algunos lo asocian a la CNT. De carácter reivindicativo y humilde, se enfrentó en varias ocasiones contra los poderosos de la localidad en su lucha por unas justas condiciones laborales y sociales. Era muy conocido en el ambiente carnavalesco de la localidad, ya que era guitarrista de una comparsa. Fue arrestado y conducido a la cárcel de el Puerto de Santa María, de allí a la de Cádiz y ahí se pierde su pista. A la familia se le comunicó su muerte el día 17 de febrero de 1937, pero no el lugar donde se encuentra su cuerpo. Aparece en BOP como fallecido por responsabilidades políticas sin fecha.

JOSÉ UTRERA RIVERA. Hermano del ¨Garrucho¨. También almadrabero de oficio y miembro del mismo sindicato que su hermano. Por testimonios orales sabemos que compartía la misma pasión por el carnaval que su hermano. ¡Quién sabe si sus letras estaban llenas de reivindicaciones sociales! Fue apresado y llevado a la cárcel de El Puerto de Santa María, de allí se le trasladó a la de Algeciras y luego ya desaparece. Aparece en el BOP como fallecido por responsabilidades políticas sin fecha.

 

JUAN REDONDO VARO. De él no hay mucho, sólo el testimonio de los que vieron cómo lo apresaban y la solicitud de viudedad de su esposa que se conserva en el archivo de Barbate.

 

FRANCISCO LÓPEZ RAMÍREZ. Al igual que Juan Redondo no hay mucho. Unos vecinos vieron su detención, pero no su muerte, y la solicitud de viudedad de su esposa se conserva en el archivo de Barbate.

 

JOSE MELERO LADRÓN DE GUEVARA. Se le cita en el trabajo de Alicia  Domínguez El verano que trajo un largo invierno, publicado en 2004. Aparece en el BOP como fallecido por responsabilidades políticas sin fecha.

 

JUAN PORTA CRESPO. Se le cita en el trabajo de Francisco Javier Hernández Navarro y Santiago Moreno Tello sobre el asesinato de Francisco Tato publicado en el Heraldo de Barbate. Porta perteneció a la CNT, y fue detenido y trasladado a la cárcel de Vejer. Compartió causa con Francisco Tato y Antonio Oliva Ramírez. Como recogen los historiadores en su artículo, se cree que tuvo la misma suerte que el Tato.

 

ANTONIO OLIVA RAMÍREZ. Se le cita en el trabajo de Francisco Javier Hernández Navarro y Santiago Moreno Tello sobre el asesinato de Francisco Tato publicado en el Heraldo de Barbate. Era marinero de profesión y fue detenido por unos comentarios desafortunados sobre los sublevados. Trasladado a la cárcel de Vejer, compartió causa con el Tato y Juan Porta, incluida la suerte del primero.

 

He aquí algunos de los que fueron vilmente traicionados y asesinados. Sólo son algunos, pero fueron muchos más los que padecieron la repulsa de sus propios conciudadanos. Sólo he querido nombrar de los que tengo datos orales y de archivos. La lista es mucho más larga si incluimos a todos los represaliados y a sus familias, los combatientes que regresaron a casa como prisioneros de guerra y fueron estigmatizados por la sociedad como perdedores o rojos sólo por defender a un gobierno legal y elegido por el pueblo.

 

No debemos olvidar tampoco a aquellos marineros que el golpe de estado los cogió faenando y debido a eso tardaron años en volver a sus casas de una manera que nunca podrían olvidar. Pero eso lo dejamos para el próximo artículo.

 

Como podéis ver, en Barbate no todos eran de Franco, sino de ellos mismos y de sus ideales democráticos. Eran héroes que lucharon de por vida por defender sus creencias, aun en la clandestinidad, y aportaron su semilla ideológica para hacer nacer de nuevo en nuestro pueblo la esperanza de libertad.

 

Sólo espero con este artículo darles su sitio en la historia de un pueblo que se merece tener héroes de verdad. Héroes que dieron sus vidas por defender el bien social y que merecen que sus nombres sean recordados y nunca más olvidados por sus vecinos. Por los que lucharon antaño.

 

Andalucía. SOBRE RETRASOS DE PAGOS DE SUBVENCIONES, EXHUMACIONES, ADMINISTRACIÓN Y ELECTORALISMO

 

Por: Grupo de trabajo «Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía» (RMHSA de CGT.A)

No es que sean malos tiempos para la lírica, es que tampoco son buenos para la épica. Cautivo y desarmado el movimiento memorialista, las tropas administrativas están alcanzando sus últimos objetivos. Son tiempos de derrota. No total porque la sociedad nunca lo termina siendo por completo. Esa es la esperanza. Que tras la resistencia, poner pie en pared, venga, de nuevo, el paso adelante, la ofensiva civil. Son muchos los indicios de ello. Vamos a centrarnos en dos: el cumplimiento de los compromisos económicos por parte de las administraciones, en esta caso la autonómica, y la política de exhumaciones.

para www.todoslosnombres.org/ 22/05/2015/ Grupo RMHSA de CGT.A

1. Las subvenciones 2013 y 2014

Cercano a que el año 2015 llegue a su ecuador, del 25 % que faltaba por librar de la subvención del año 2013 no se sabe nada. Están justificados los gastos hace meses y adelantada la cantidad en muchos casos, como en el de «Todos (?) los Nombres», pero los organismos competentes ni hablan ni se les espera. O por lo menos eso parece.

Aún más problemática es la situación de la nonata subvención de 2014. Recordemos que, cuando ya estaba aprobada una resolución provisional, una orden de la supe-rioridad envió al limbo de las covachuelas administrativas el uso efectivo del dinero. Desde entonces, noviembre de 2014, se nos ha venido diciendo ?siempre en voz baja y con sordina? que los problemas burocráticos se habían solucionado y que, en breve, saldría la resolución definitiva y se harían efectivas las cantidades.

2. Por supuesto que de la de 2015 ni está ni se le espera

Esto fue lo que nos dijo Javier Giráldez, director general de Memoria Histórica - preferimos este nombre que deja claro a qué nos referimos frente al más ambiguo de Memoria Democrática- en la reunión que este Grupo mantuvo con él cuando ocupó el puesto tras el cambio de Gobierno de la Junta que llevó a la convocatoria de elecciones del pasado mes de abril. Una situación provisional que se prolonga en el tiempo y, parece, que lo hará por algunas semanas más.

Entramos en un contexto que se escapa al mero ámbito memorialista. Aunque le afecte. En un mundo político y una sociedad con tantos déficits democráticos, siquiera los formales, la confusión entre administración y gobierno es completa. Tanta que se identifica la primera con los intereses del segundo y, mientras que no lo sean, todo es «provisional». Evidentemente las opciones políticas son las que deciden la orientación de la administración. Pero también lo es que, en un Estado homologable a las demo-cracias occidentales, debe ser historia la época de las cesantías y la parálisis de la vida social, que siempre es más amplia que la gubernamental.

Sin embargo «la provisionalidad», en lo que respecta a la Memoria Histórica, es el instrumento que pone de manifiesto que los partidos políticos, incluso aquellos que se dicen de «izquierdas», la consideran una cuestión de segundo orden. Nunca apostaron decididamente por ella. Cuando lo hicieron fue por el empuje del movi-miento asociativo, en el que participaban muchos de sus afiliados, que ponía a los partidos políticos contra la pared.

Los años setenta no eran el momento. En los ochenta, la sociedad anestesiada no la demandaba. A finales del siglo pasado el despertar de una parte de la sociedad, los primeros síntomas de un régimen que se resquebrajaba y los intereses electorales la subieron a la cresta de la ola. A regañadientes, con la boca chica siempre, muchos se montaron al carro. Pero poco habían cambiado en treinta años. La existencia de un movimiento civil autónomo y potente volvió a despertar urticarias en las direcciones de las empresas que son los actuales partidos políticos. Poco tardaron en aprestarse a controlar o desmontar las asociaciones por la Recuperación de la Memoria Histórica. Por las buenas o por las malas. En última instancia siempre cabía la posibilidad de pasarse por el registro e inscribir cuantas nuevas asociaciones fuesen necesarias y autoproclamarse (a modo de sindicato) «más representativas».

Así, en Andalucía, precisamente este año se ha cumplido (enero) la década de lo que primero fue la oficina del Comisario de la Memoria Histórica de Andalucía, el antecedente de la actual Dirección General, al rebufo de lo que estaba haciendo el Gobierno central, por aquel entonces, también gestionado por el PSOE de Rodríguez Zapatero. Por cierto, que quizás celebrar este cumpleaños fuera un buen momento para que se iniciara la buena práctica de elaborar un balance público de la actividad realizada. Ni siquiera tiene que ser anual, podría ser cuatrienal por eso de los tiempos electorales. Bueno, si se mantienen. Sería un avance ya que hasta hoy, tras el «gobierno» de la memoria andaluza por cinco políticos, ninguno ha considerado necesario hacerlo. También es verdad que nadie, ni en el Parlamento ni en la calle, ha pedido explicaciones por este hecho.

La consecuencia ha sido que años después de ordenar la elaboración de un mapa de fosas y, tras pasar también un largo espacio de tiempo antes de ser hecho público en la Web de la consejería pertinente, no ha experimentado ninguna modificación a pesar de las decenas de intervenciones realizadas en fosas desde entonces. Vergüenza debe dar tal actuación que, cuando la comisión de la ONU visitó estas tierras, los responsables mintieron asegurando que se iba actualizando. Algunos pensamos, malamente, hay que reconocerlo, entonces que, haciendo de la virtud vicio, es decir, aprovechando una necesidad, lo que en realidad se pretendía era mantener «distraídas» a las asociaciones en una faena que sobrepasaba su capacidad de acción y así se «olvidaban» de otras.

Podemos poner otros ejemplos de cómo descafeinar la acción memorialista y, por supuesto, no hacer ningún balance. Uno es el de los «lugares de memoria», un híbrido con el que escabullirse de la figura del Bien de Interés Cultural y, además, poder contentar a muchos e inaugurar muchas más placas y monolitos. Bueno, pues si hay alguien interesado en conocer el catálogo actual completo o su localización por provincias o localidades, se llevará un gran chasco. Simplemente no existe. Ni en papel ni digital.  Otro caso, desaparecido en los muelles de las brumas administrativas, es el de los «tejedores de memoria». ¿Quién se acuerda de ellos?, ¿quiénes saben cuántos son y sus nombres?

Hoy, quince años más tarde, han conseguido prácticamente el objetivo, a tenor por el encefalograma prácticamente plano del tejido asociativo memorialista. Salvando, por supuesto, contadas excepciones. La RMH es una cuestión de segundo o tercer orden en los programas electorales. Se le dedican unas cuantas líneas y se silencia en las intervenciones públicas. Renacen las viejas prácticas de las buenas palabras y ningún hecho. Una música que no es nueva. Lleva muchos años tocándose.

Así que ¿librar el 25 % adeudado de la ayuda de 2013? Claro que es un compromiso. ¿Qué cuándo se llevará a cabo? Estamos en ello. Recordárnoslo de vez en cuando, ¿en campaña electoral? Bueno, si queréis, pero tampoco es tan importante.

¿La del 2014? Bueno, conocéis el problema que hubo. ¡Está arreglado! Pero ya sabéis que las cosas llevan sus trámites. En la administración nada es fácil. ¡No os podéis imaginar lo complicadas que son las cosas para que queden de verdad transparentes y justificadas! No os preocupéis que, en breve por supuesto, se resolverá...

Más difícil es lo del 2015. ¿Qué están aprobados los presupuestos? Sí, pero ha habido que ajustarlos. Ya sabéis la presión del Gobierno central en manos de los fachas del PP. Además todavía no hay Gobierno. Cosas de las elecciones y de la maldad de los demás partidos que ni comen ni dejan comer. ¡Irresponsables! En esas estamos. Contentos y sin la dote de la novia. Tampoco, de momento, parece que ésta vaya a aparecer por el lugar de la boda.

Mientras, no hay problemas de ningún tipo, incluidos los económicos, en continuar con políticas comenzadas con anterioridad. Aunque valgan dinero. Lo veremos ense-guida con un ejemplo sobre la cuestión de las exhumaciones.

3. La intervención en la fosa de Paterna de Rivera (Cádiz)

Las exhumaciones de los asesinados fue uno de los elementos constitutivos de las asociaciones por la Recuperación de la Memoria Histórica. Columna vertebral de sus actuaciones es, también, uno de los puntos más polémicos que han dividido a asociaciones, familiares, partidos y administraciones.

Las intervenciones en cementerios, campos y cunetas fueron una tarea asumida por familiares y, después, las asociaciones formadas por ellos ante la inacción de la administración democrática en todas sus facetas: gubernativa, legislativa y judicial.

Un tema, sensible por muchas cuestiones, que fue afrontado por unos y otros con los instrumentos y medidas que tenían a su alcance. Fuera del alcance judicial y arqueológico por encontrarse en «tiempo muerto» (con perdón), fueron las propias leyes mortuorias existentes las que permitieron y deben seguir de momento permitiendo la intervención: básicamente la autorización del propietario del terreno en donde se encuentren los restos.

Por supuesto que la intervención debe basarse en un protocolo de buena práctica que recoja todas las variantes de una exhumación de este estilo. Contamos con varios de ellos, tanto locales, regionales y nacionales como internacionales. De momento, a tenor con la experiencia acumulada, en Andalucía podemos encontrar ejemplos afortunados y desafortunados, independientemente del protagonista de la iniciativa. Sean familiares, asociaciones o administraciones. Así que no se pueden cargar las culpas en unos u otros como a veces se ha querido argumentar.

Pero a medida que ha pasado el tiempo, y dentro de ese principio general de asimilación, control y desmontaje del asociacionismo memorialista, han comenzado a aparecer dificultades, cada vez en mayor número. De dos tipos principalmente: administrativas y por una supuesta judicialización. Las primeras por el cada vez mayor protagonismo de la administración.

Una actuación siempre demandada por familiares y asociaciones en el convenci-miento, por lo menos por nuestra parte, de que ello significaba la asunción de las exhumaciones como una política activa de memoria, como un compromiso de poner la maquinaria administrativa a disposición de resolver un problema no creado por ellas. Ingenuos que somos.

Sin embargo, pensamos que no ha sido así. Creemos que se ha utilizado como un instrumento más para reducir el papel de familiares y asociaciones. Un reflejo más de la histórica, por lo menos hasta cuarenta años atrás, desconfianza de las estructuras partidarias y estatales hacia la ciudadanía. Hacia la sociedad que unas dicen represen-tar y otras administrar. Como si el partido encargado de la administración fuera su propietario, único con capacidad de gestionar y, por supuesto, decidir. Algo con lo que no estamos de acuerdo y, hoy más que nunca, no es real ni política ni socialmente. Incluso en una democracia formal, su concepto debe ser un poco más ancho.

Así que paulatinamente se ha ido reduciendo por la vía de los hechos la posibilidad de llevar efectivamente las intervenciones propuestas por asociaciones y familiares. Se les ha ido arrinconando a pesar de declaraciones e intenciones. Y eso cuando se hacen. Bastaría recordar que esta autonomía gobernada por supuestas izquierdas ha sido la única, y no deseamos que se tenga que repetir, donde miembros de una asociación se han tenido que poner en huelga de hambre ante el intento de desplazar a los familiares al grito de ?¡los muertos son de todos!?, que parecía querer decir que son de todos menos de las familias. No queremos pensar qué hubiera ocurrido si tan esperpéntica situación hubiera tenido lugar en una autonomía gobernada por irredentos derechistas fachas.

Entre deseos y propuestas de exhumación y su efectiva realización se ha ido interponiendo un cada vez más espeso bosque de condiciones de obligado cumplimiento. En muchos casos ni siquiera respaldadas por una necesidad legal, pero que añaden oscuridad y falta de transparencia. Por cierto, no desesperamos en que esta palabra tan de moda termine por llegar al área memorialista de la Junta de Andalucía. Trabajo tiene. Por ejemplo, podría poner a disposición pública los informes de las exhumaciones realizadas, así como del cumplimiento de los plazos de las subvenciones dadas. Y, en fin, de todos los trabajos resultantes de dichas subvén-ciones. Lo decimos porque nosotros por no entregar el trabajo en el plazo previsto, una investigación y su publicación, sufrimos una sanción. Por tres meses, 1.500 euros.

Retomemos el hilo. Ahora, la vía de los hechos impone una primera comunicación a los órganos competentes, léase Dirección General de Memoria Democrática (DGMD), una resolución de un Comité Técnico, cuyos fundamentos, conocimientos y real evaluación de los proyectos permanece en la bruma de la trastienda burocrática, y un acuerdo aprobatorio final. Independientemente de la participación estatal, o no, en la finan-ciación. Primer permiso que debe ir acompañado de la, realmente indispensable, autorización del propietario de los terrenos en donde se quiere intervenir. Algo perfectamente entendible si lo interpretamos como un renglón más del papel activo del Estado y de la necesidad de garantías en las intervenciones. Pero no si se quiere utilizar como un arma para desplazar y reducir el espacio de actuación de familiares y asociaciones. Para convertir en protagonista a la administración, incluso cuando lo único que hace es apropiarse del trabajo ajeno. Algo incluso ilegal tratándose de una subvención.

Por si no fuera poco, desde hace unos meses también se intenta convertir en indispensable, en requisito previo, la judicialización de las exhumaciones. No existe ningún requisito legal que así lo exija. Más allá de las ganas de actuar, o no, que hayan tenido determinados jueces y juezas (no vayan a pensar que no somos políticamente correctos), lo cierto es que en todos los casos han coincidido en que no hace falta ninguna resolución judicial para realizar la exhumación. Ya se ha dicho: el tiempo excede el requerido, veinticinco años. Otra cosa es su consideración como crimen de lesa humanidad y los plazos que significa.

Judicializar las exhumaciones es otro de los debates que llevamos realizando desde hace quince años. Nosotros estamos entre quienes creemos que intervenir en las fosas no va necesariamente acompañado de la destrucción de pruebas de los crímenes del franquismo. Que la elaboración por arqueólogos y antropólogos forenses de sus informes mantiene la prueba testimonial. Que se puede denunciar ante el juzgado pero que la resolución de este, hasta ahora siempre archivar, independien-temente de que se pueda recurrir a algún considerando favorable, no puede significar la paralización de la exhumación.

Utilizar este argumento, no necesario legalmente repetimos, significa dejar en último término a los familiares que llevan años esperando la ocasión y que, en bastantes casos, no tienen mucho tiempo más. Una crueldad, un jugar con los sentimientos que no tiene ninguna justificación más que el interés de quienes administran a la administración. A sus componendas, tiempos y objetivos. Es decir, utilizar la administración de lo público en interés privado. Porque se sabe que resolver estas cuestiones no es una prioridad para los jueces. Como tampoco la justicia destaca por su rapidez resolutoria.

Hemos demostrado durante años que verdad, justicia y reparación son nuestros objetivos. Pero no son unas palabras vacías que se utilizan grandilocuentemente para, después, olvidarlas cuando hay que decirle a un familiar que espere, que sus ansias no son importantes, que más lo es el titular o el camino, que se le supone bieninten-cionado, de ligar memoria histórica y justicia administrativa. Que los tiempos de palacio van despacio.

Hace ahora un año que, tras un largo camino previo, comenzaban las intervenciones, en forma de cata, en el cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz), propiedad eclesiástica. Entonces ocupaba la recién creada DGMD, Luis Naranjo de IU. Fue bajo su mandato cuando se dio el paso de abrir aún más el foso con muchas familias y colocar a las asociaciones en la tesitura de pasar por sus horcas caudinas o atenerse a las consecuencias. Conocidos son los resultados que produjo. Por entonces los familiares de la población gaditana, conjuntamente con miembros de este grupo, decidieron comunicar sus actuaciones a la DGMD. Sobre todo porque en un inusitado amor al cumplimiento de los dictados de la administración socialista-comunista y de subordinación al poder civil, el obispado de Cádiz exigió el pertinente escrito de autorización.

Nuestro objetivo es ayudar a las familias y facilitarles el camino, no crearles problemas. Así que se anduvieron los caminos exigidos y, finalmente, con el apoyo del Ayuntamiento de Paterna, con equipo de gobierno del PSOE, durante dos fines semanas se realizaron las catas pertinentes hasta que aparecieron restos que indicaban, tras la oportuna consulta antropológica forense, que se trataba de muertos violentamente. En ese momento la dirección arqueológica, siguiendo las instrucciones de la DGMD y como también antes se había realizado, puso en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Chiclana de la Frontera el hallazgo. Presentación que, sobre la marcha, el juzgado decidió archivar y así se lo comunicó a quienes la presentaron. De todas formas, en los días siguientes, desde la DGMD se insistió en el escrito de denuncia que hasta el presente no se ha resuelto, a pesar de de que los dos directores generales, tanto Luis Naranjo en julio del año pasado como Javier Giráldez en marzo del presente, se han interesado por el asunto ante el juzgado.

Mientras, con vistas a preparar la intervención en esta primavera, las familias, el arqueólogo y miembros de este grupo contactaron con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Paterna con el fin de concretar el ofrecimiento de apoyo económico que había realizado y puesto en práctica durante la cata. En aquella reunión, celebrada en el otoño del 2014, además de reafirmar el alcalde paternero su disposición total, las familias informaron de la creación legal de una Asociación de Familiares y este grupo de trabajo informó de que el sindicato CGT había destinado 1000 euros a la exhumación. Así mismo se decidió volver a solicitar el permiso al obispado, previo paso por la DGMD, para la nueva intervención.

Así quedó la cosa hasta que hace unos días, el jueves pasado, se celebró en Paterna una nueva reunión, a la que acudió el director general y a la que los miembros de este grupo no fueron invitados. En ella se informó a las familias de que se consideraba que, mientras no estuvieran resueltas por el juzgado de Chiclana las diligencias abiertas el año pasado, la DGMD creía que no se podía intervenir y que la asociación paternera podía presentar un nuevo escrito solicitando la resolución de las diligencias previas. Eso sí, Javier Giráldez se comprometió a que se harían cargo de todo el proceso de exhumación una vez resuelto el tema judicial.

Este grupo no sabe exactamente qué significa ese hacerse cargo de «todo». No estuvo presente en la reunión. Además, la falta de transparencia en la elección de intervenciones y su financiación ha sido una constante desde que se eliminaron de la concurrencia pública las intervenciones en las exhumaciones y tan solo se conocen a posteriori y cuando se considera pertinente. Al comienzo de este texto hemos dicho que la administración andaluza de la Memoria Histórica no ha hecho ningún balance de su actividad. Lo que sí tenemos claro es que la prevista exhumación, a menos que el juez o jueza tenga a bien desprenderse del tema en un breve plazo, se suspende sine die. Eso sí, ante las próximas elecciones queda de manifiesto la voluntad del Ayuntamiento, que parece haber tomado las riendas del asunto, y de la DGMD, ambas ocupados actualmente por PSOE, de proceder a la exhumación siempre que les dejen. ¡A eso se llama echar balones fuera!

Ya se ha explicado por qué consideramos que no se trata sino de una práctica dilatoria que corresponde al planteamiento general de la cuestión y que no pasa, desde luego, por considerarlo un tema importante de la política de la Junta de Andalucía. Ya se vio en el discurso de investidura de Susana Díaz: ni una mención. También veremos, si logra formar gobierno, si la DGMD continúa o si es sacrificada por eso de reducir al mastodonte burocrático autonómico. Ya saben que estamos en tiempos de austeridad y hay que dar ejemplo. No nos vale tampoco la supuesta provisionalidad de la administración regional. Esta funciona y, se supone, que en las perspectivas del nuevo gobierno está continuar con las políticas de memoria. Aunque sean escasas y excluyentes.

En definitiva, en estos días hemos asistido a la demostración del papel cada vez más secundario que tiene la RMH para la administración andaluza. Una en el aspecto más general. Otra a pie de tierra, la que pocas veces se conoce. La que pone más al descubierto las vergüenzas. Cuando hace más de quince años comenzamos a transitar de forma organizada este camino teníamos claro que no iba a ser de rosas. Ni siquiera si íbamos a tener muchos compañeros de viaje. Incluso que con algunos de ellos había que tener mucho cuidado. No nos importó. No tenemos vocación ni de dirigentes de masas ni de poseer la verdad. Solo tenemos claro algunos objetivos.

Que las famosas palabras verdad, justicia y reparación, que están de boca en boca, no son conceptos vacíos. Al contrario, están llenas de contenido, de nombres de personas, de sus historias, de sus rostros. Por eso hemos impulsado la web www.todoslosnombres.org, por eso hemos editado investigaciones, por eso reivindicamos la necesidad de que se reconozca el trabajo esclavo, etc., por eso ayudamos a las familias que buscan a sus deudos antes de que se les acabe el tiempo. Su prioridad es la nuestra. Estrategias, tiempos políticos y demás yerbas se subordinan a ella. ¡Ha pasado ya demasiado tiempo para seguir jugando con ellas!

No importa caer, no importa que desmonten lo que no controlan, una y otra vez. Volverán. Los problemas no desaparecen. Si se aplazan renacerán de diferente forma, bajo distintos protagonistas, con otros nombres. Pero volverán. Como las golondrinas de Bécquer. Por eso de la poesía con la que empezábamos.

Salud y memoria.

 

El Ateneo Republicano de Barbate va a participar en erl Aula Itinerante de Memoria Histórica y Democrática que organiza la Diputación de Cádiz entre los meses de noviembre y diciembre. Más concretamente en Barbate