Jesús María Montero Barrado
Jesús María Montero Barrado
Hace unos días, el jueves 21 de septiembre, tuvo lugar en Zahara de los Atunes una conferencia impartida por Abel Estudillo Bernal y quien esto escribe, miembros del Ateneo Republicano de Barbate. Si título fue "La represión en Zahara de los Atunes y Barbate tras el golpe militar de 1936" y su contenido estaba basado en otra conferencia que en noviembre de 2016 impartimos dentro de los actos organizados por el Aula Itinerante de la Memoria Histórica y Democrática, de la Diputación Provincial de Cádiz. En esta ocasión, no obstante, hemos tratado de introducir mayor información relacionada con la pequeña localidad gaditana.
Fuentes documentales y de información utilizadas, y precariedad sobre Zahara
Todo un trabajo que llevamos realizando desde hace unos años, consultando archivos, como los municipales de Vejer de la Frontera y Barbate, o el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca; recabando información de publicaciones históricas realizadas por José Luis Gutiérrez Molina, Alicia Domínguez Pérez, Santiago Moreno Tello o Francisco Javier Hernández Navarro, que han bebido de distintos e importantes archivos; entrevistando a familiares de personas represaliadas o a personas que han aportado información sobre las mismas; utilizando diversos documentos de los años 30 y 40 relacionados con Barbate; e incluso, recibiendo información por parte de la Casa de la Memoria “La Sauceda”, de Jimena de la Frontera.
Sobre Zahara existe una gran precariedad tanto en documentación como en información. No existe un fondo documental propio, lo que tiene que ver con el hecho de que Zahara ha sido una localidad que ha estado siempre vinculada a los municipios de Vejer (hasta 1938) y Barbate (desde 1938). Se hacen escasas referencias directas en las fuentes consultadas. Y hemos encontrado, al menos por ahora, dificultades para recabar información desde personas que pudieran tener relación con gente represaliada.
Aun con eso, hemos hecho un esfuerzo para extraer todo aquello que tenga que ver con Zahara, a la vez que resulta irremediable mantener referencias a los municipios matrices de cada momento, esto es, Vejer y Barbate.
Una represión programada y aplicada sin piedad
La conferencia la enmarcamos dentro del contexto más amplio ocurrido en España entre julio de 1936, cuando tuvo lugar el golpe militar, y los primeros años de la postguerra. Un aspecto que no debe menospreciarse, sino todo lo contrario, teniendo en cuenta los objetivos que se marcaron los organizadores de dicho golpe: lo primordial del control de Madrid, como capital del estado; la aplicación inmediata y expeditiva de los bandos de guerra, lo que conllevaba la represión contra grupos de izquierda; el papel asignado a carlistas, falangistas y monárquicos; o la importancia de contar en el operativo inicial con la adhesión Francisco Franco por su relación con las tropas del norte de Marruecos. La contundencia con la que se tenía que actuar quedó clara desde la primera de las instrucciones reservadas elaboradas por Emilio Mola, fechada el 25 de mayo, en la que se decía que la acción “ha de ser en extremo violenta”, con los consiguientes castigos ejemplares sobre dirigentes de los grupos políticos y sindicales de izquierda.
A lo largo de esos años se fueron aplicando sucesivamente distintas formas de represión, que en los primeros meses, de julio de 1936 a marzo de 1937, se basó sobre todo en la aplicación de los bandos de guerra, que hasta octubre contaron en mayor medida con la ayuda de patrullas paramilitares. Luego, desde marzo de 1937, se dio paso a una fase de mayor control militar, para lo que se crearon los consejos de guerra sumarísimos, que no eran sino una especie de justicia arbitraria ausente de cualquier garantía. Finalmente, ya desde las últimas semanas de la guerra, fueron apareciendo varias leyes que pretendían dar una cobertura legal a la represión, como fueron la de Responsabilidades Políticas (1939) y la de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940).
Cádiz, provincia estratégica para los golpistas
En la organización del golpe se contaba con el control de dos provincias, Cádiz y Málaga, dada su situación estratégica en relación al protectorado marroquí (Fernando Puell y Justo Huerta, 2007). Era donde se concentraban las mejores tropas del ejército, curtidas en la guerra colonial, y el control del Estrecho. Si en la primera triunfó el golpe desde el primer momento, en la segunda no fue así, teniendo que esperar a febrero de 1937 para su conquista por las tropas sublevadas. Si el control de Cádiz permitió, con la ayuda italo-alemana, que fueran pasando tropas a la Península para dirigirse a Madrid, previo paso en forma de razzias por las provincias de Sevilla y Badajoz, la vecina Málaga acabó siendo para bastantes barbateños un lugar de huida, bien desde Tánger, donde en torno a sus aguas muchos faenaban en la mar, o bien desde el mismo Barbate.
El control de la provincia gaditana contó, no obstante, con algunas resistencias en algunos municipios. En la misma capital y algunos pueblos, como Trebujena, varios de la Sierra y la propia localidad de Vejer se organizó una resistencia por parte de los grupos obreros, la cual, salvo en la Sierra, donde duró hasta finales del verano, fue efímera.
Resistencia en Vejer y triunfo del golpe en Barbate
Entre los días 18 y 20 de julio el ayuntamiento de Vejer intentó mantener la legalidad republicana, como se relata en los trabajos de Joaquín Gil Honduvilla (2010) y Francisco Javier Hernández Navarro y Santiago Moreno Tello (2012a 2012b). Contó con la colaboración de los jefes de las fuerzas del orden, que mantuvieron sus guardias acuartelados, y con la creación de patrullas muy humildemente armadas que formaron los grupos de izquierda. Una situación precaria que acabó el día 20 con la toma de la localidad por las tropas de regulares. Eso supuso la detención y/o ejecución de los jefes políticos, como Juan Manzorro Muñoz de Arenillas, delegado gubernativo, que estuvo encarcelado hasta 1942, y Francisco Salgueiro, alcalde, asesinado, estando desaparecido; y jefes policiales, como Enrique Letrán, jefe de Carabineros y comandante militar de la plaza, que fue fusilado el 19 de agosto; o la detención y/o asesinato de numerosas personas.
En Barbate, según Francisco Javier Hernández Navarro y Santiago Moreno Tello (2012a 2012b), los jefes de las dos fuerzas de seguridad, al contrario que en Vejer, se mostraron favorables al golpe desde el primer momento: Julián Merelo, de los Carabineros, y Agustín Naval Mellado, de la Guardia Civil. Debido a esa circunstancia quizás se pueda explicar que no hubiera resistencia. Sí hubo, no obstante, participación de barbateños en la vigilancia de Vejer, como se refleja en los documentos municipales investigados.
Por lo que conocemos, los jefes policiales no se mantuvieron pasivos, pues desde el mismo día 18 procedieron a la detención de personas vinculadas a los grupos obreros. Francisco Javier Tato Anglada intentó huir con su familia a Tánger, pero el piloto de la embarcación motora decidió regresar, siendo también detenido una vez ocupado Vejer por los sublevados. Después de varios días de estar alojadas estas personas en dependencias oficiales de Barbate, pasaron a la cárcel de Vejer, desde donde las instancias políticas y judiciales provinciales fueron actuando con arreglo a las disposiciones propias de los bandos de guerra y la justicia militar.
De Zahara no se conoce prácticamente nada acerca de esos días. Los testimonios son muy vagos, salvo la conciencia de que hubo gente que tuvo que huir o que fue detenida. Pero poco más.
¿Qué se sabe, pues, de esta localidad? Veámoslo
Juan Varo Valdés, alcalde pedáneo antes y después
En la conferencia se mencionaron algunos personajes, como Juan Varo Valdés, nacido en Vejer y afincado en Zahara desde los años 20, barbero de profesión y miembro de la gestora municipal vejeriega formada a raíz de las elecciones de febrero de 1936. Uno más, por tanto, del grupo de concejales vinculados al Frente Popular, que fue designado, además, alcalde pedáneo. Fue destituido de su cargo tras el golpe, como ocurrió con el resto de componentes de la corporación municipal, sin que sepamos qué fue de él hasta el 30 de noviembre de 1937. En esta fecha participó, según Ambrosio Varo, en una reunión celebrada en Zahara, que presidió Agustín Varo, en la que se decidió la adhesión de la localidad al proceso de segregación del municipio matriz de Vejer junto con Barbate. De esta manera acabó siendo uno de los integrantes de la comisión pro-independencia de Barbate y Zahara, siendo finalmente nombrado alcalde pedáneo desde 1938, cuando ambas localidades acabaron conformando el nuevo municipio de Barbate. Un caso más, como también los hubo en el mismo Barbate, de quienes acabaron integrándose en el régimen franquista.
Manuel Abel Romero, el maestro asesinado y desaparecido
Otra de las personas que se mencionaron fue Manuel Abel Romero, un maestro nacido en Bonanza (Sanlúcar de Barrameda) que estaba destinado en Zahara y que, según Abel Estudillo, posiblemente fuera socialista. Su destino fue dramático, pues fue asesinado en los primeros momentos del golpe, estando desaparecido, como le ocurrió, al menos, a otros diez vecinos más de lo que hoy es el municipio de Barbate. Su caso adquiere un mayor grado de crueldad, pues sus represores, lejos de quedarse ahí, lograron que en 1940 fuera separado del cuerpo de magisterio. En el libro de José Aquiles Pettengui se alude a una comisión depuradora, como tantas otras que se formaron en otros cuerpos de la administración por aquellos años, decidió separarlo definitivamente de su puesto de trabajo, pese a estar ya fallecido. Eso supuso la pérdida del derecho a recibir una pensión por parte de su viuda. Incluso en 1942 volvió a ser juzgado por un tribunal de responsabilidades políticas, quedando el caso sobreseído por haber fallecido.
Manuel Callado Sánchez, el marinero
Un caso particular es el de Manuel Callado Sánchez, conocido con el sobrenombre de "Pífano", marinero que se encontraba como muchos otros en el caladero marroquí en el momento del golpe, bastantes de los cuales huyeron hacia Málaga. Los distintos pormenores de su vida en esos años los conocemos gracias a un escrito suyo, dictado a principios de los años 80 y que tituló como Memorias de un soldado de infantería de marina. Odisea vivida por Manuel Callado Sánchez desde 1936 hasta 1942. En la documentación aparecida en el Archivo Municipal de Vejer se dice de él que es hijo de Josefa Sánchez, se le califica de “comunista soltero” y se añade que se fue voluntario desde Tánger “con los rojos a Málaga”. Así mismo, Abel Estudillo ha recabado información de algún familiar, complementando lo que de Manuel Callado sabemos.
Según nos cuenta en sus Memorias, acabó pasando en otoño de 1936 a Málaga, desde donde recorrió buena parte de la geografía española, combatiendo en varios frentes. Aunque la información que ofrece suele se imprecisa en la cronología, sabemos que estuvo en Almería, Murcia, Granada y Jaén entre 1936 y 1937; que entre finales de 1937 y principios de 1938 participó en la Batalla de Teruel, moviéndose por varios pueblos; que después estuvo en el este de Zaragoza, quizás dentro de la Batalla del Ebro, para pasar desde otoño a Lleida, principalmente en la zona pirenaica. A finales de 1938 fue herido en una pierna y después de recorrer hospitales de varias localidades catalanas, en enero de 1939 tuvo que cruzar todavía herido la frontera hacia Francia.
A partir de ese momento la situación se volvió diferente, dentro de la precariedad vital derivada de su condición de refugiado y del trato recibido por las autoridades francesas y la guardia encargada de custodiar a estas personas. Estuvo internado primero en el campo de Argeles Sur Mer, cerca de la frontera española y en la costa mediterránea, donde contactó con varios barbateños, algunos posiblemente del propio Zahara. Luego, después de unos meses, fue trasladado al campo de Gurs, donde estuvo hasta mayo de 1940. Las condiciones que vivieron fueron muy duras, mejorando algo en Gurs.
Callado sitúa a este campo en el norte de Francia, cuando en realidad lo estaba en el suroeste, próximo a los Pirineos. Por otro lado, su nombre no aparece en los listados de presos internados en Gurs que se han publicado (Yosu Chueca, 2007). Esta confusión puede interpretarse de dos formas: fue internado en él para después ser enviado a la región de Nantes, en la costa atlántica, donde cuenta que también estuvo; o el campo era otro, situado en esta última región.
Lo que parece claro es que, según su relato, el comienzo de la invasión alemana de Francia, en mayo de 1940, ya estaba en la zona de Nantes, concretamente entre “Prinquiau, Lachapel y Sabenay”. Por lo que cuenta, el trato recibido desde que llegó Francia le llevó a optar por enrolarse en una compañía británica para realizar trabajos auxiliares, sobre todo de recogida de chatarra. Aun con ello, desde ese momento logró mantener relaciones amistosas con algunas personas del lugar. En junio, cuando la invasión alemana se completó, fue detenido y enviado de inmediato a España. De esa manera pudo evitar ser enviado a un campo de concentración nazi, pues, según él, los siguientes tuvieron que sufrir esa situación.
Después de pasar por Irún, fue integrado en batallones militares de castigo, pasando primero por Miranda de Ebro y Madrid, para ser enviado después a varios lugares del extremo sur de Cádiz (Punta Carnero, Algeciras, Los Pastores, Pelayo, El Pedregoso y Puerto Llano), situados en los términos municipales de Algeciras, Los Barrios y Tarifa. Estuvo trabajando en condiciones muy duras en la construcción de caminos y búnkeres costeros, y en la extracción de materiales en canteras entre 1940 y 1941. Durante su estancia en Puerto Llano (Tarifa) fue visitado por su madre y una hermana, e incluso llegó a conseguir junto a su cuñado un permiso de un día para desplazarse a Zahara.
Sufrió la ulceración de una herida en una piedra, lo que le llevó ante un tribunal médico en Sevilla, que finalmente rechazó su exención del servicio. Luego fue trasladado a Cerro Muriano, en Córdoba, donde llevó a cabo en mayor medida tareas menos penosas, gracias al trato recibido por el comandante del puesto.
Finalizado su servicio militar, ya en 1942, y después de una estancia muy breve en Zahara, hubo de presentarse ante la comandancia de la Guardia Civil de Barbate, donde se le pidió la dirección de su domicilio, que fijó en la calle Vázquez Mella de esta localidad. Cuenta que había gente que le advertía de tener cuidado, dado que a otras personas las habían llevado a “Chiclana”, una forma de expresar el procesamiento por el tribunal militar ubicado en ese municipio, como varios barbateños hubieron de sufrir una vez acabada la guerra.
Incluso se refiere a una orden de que “nos iban a exiliar, lo que no se cumplió, al menos por esta zona”. En todo caso, Callado se sentía seguro por haber cumplido durante dos años en el servicio militar y porque podía echar mano del recurso “de las palabras que en su día me dijera el comandante, de que si me molestaban por algo, le escribiera de inmediato notificándoselo”.
En un primer momento empezó a trabajar en la fábrica de salazones de Antonio Utrera, pero pronto volvió a embarcarse. Lo hizo en varios barcos, como La Sebastiana y Manolo Oyo, de Algeciras, y San Joaquín, de Barbate. Conoció una situación laboral dura, trabajando mucho y ganando poco, con el añadido de tener que ayudar a su madre y una hermana. Esto le llevó a tener que retrasar su boda hasta una década después de conocer a su novia, en 1952. Fue mejorando algo en las condiciones laborales a partir de 1958, trabajando primero en el barco de Domínguez Aranda y finalmente en el de Antonio Cid, con quien estuvo 13 años, hasta su retiro por enfermedad.
Francisco Chico Pérez, también marinero
Menos sabemos de Francisco Chico Pérez, marinero, como consta en el expediente judicial que se le abrió. Como se desprende del trabajo de Alicia Domínguez Pérez fue juzgado en 1941 por un tribunal militar dentro de la Ley de Responsabilidades Políticas, pero fue absuelto. Según nos ha contado un familiar, acabó instalando su residencia en Barbate, donde trabajó como conductor.
¿Vigilancia de la gente?
En el Archivo Municipal de Vejer hay un documento de la alcaldía pedánea de Zahara fechado en noviembre de 1936, firmado por José García y enviado a la alcaldía de Vejer donde se menciona a cinco personas; cuatro de ellas, mujeres: María Ruiz Martínez, Sebastiana Heredia Romero, Cristoba Jiménez Gómez y María Jiménez Tarifa; y la quinta, varón: Manuel Martínez López. Por su contenido posiblemente tuviera como objetivo conocer el paradero de los maridos respectivos.
Búnkeres y batallones durante la Segunda Guerra Mundial
Se dispone de información acerca de un batallón de soldados ubicado en Zahara, en las cercanías de su casco urbano. La misma ha sido recogida por La Casa de la Memoria “La Sauceda”, en Jimena de la Frontera. Teniendo en cuenta que la zona del Estrecho fue objeto vigilancia durante los años de la Segunda Guerra Mundial ante el riesgo de un desembarco aliado, la construcción de caminos y búnkeres resultó de gran importancia, dada la condición de aliado que el régimen franquista tenía con la Alemania nazi. Para la construcción de esas infraestructuras utilizaron como mano de obra soldados que en buena parte cumplían castigo por haber sido miembros del ejército republicano. Precisamente en varios puntos de los municipios de Algeciras, Los Barrios y Tarifa estuvo entre 1940 y 1941 destinado Manuel Callado Sánchez.
Lo que se dijo durante el coloquio
Durante el coloquio que se abrió al final salieron más cosas al calor de las distintas intervenciones. Se mencionó algún nombre más, como el de Juan "el Largo", de quien se dijo que estuvo detenido e incluso llegó a ser herido. Se preguntó sobre el nombre de quiénes pudieron ser los represores. Se reiteró acerca del miedo que atenazó a buena parte de la población, en especial la del bando derrotado, y cómo aún perdura en mucha gente a la hora de referirse a los hechos.
Documentación de referencia
Documentos procedentes de archivos
Escrito de la alcaldía pedánea de Zahara de los Atunes acerca de la situación de vecinas y vecinos de la localidad (5-11-1936), en Archivo Municipal de Vejer de la Frontera.
“Relación de vecinos de Barbate que por sus pasadas actuaciones revolucionarias y actual rebeldía al Movimiento Salvador de España merecen ser eliminados del sorteo de las Hazas del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera” ([otoño de] 1936), en Archivo Municipal de Vejer de la Frontera.
Padrón Municipal de Barbate (31-12-1940), en Archivo Municipal de Barbate.
Otros documentos
“Expediente de segregación de las aldeas de Barbate y Zahara de los Atunes del término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz). Instancia”, redactado por Fernando Albi, Secretario de Administración Local, Barbate, Imprenta Baro, enero de 1938.
Callado Sánchez, Manuel [1981]. Memorias de un soldado de infantería de marina. Odisea vivida por Manuel Callado Sánchez desde 1936 hasta 1942; inéditas y ejemplar mecanografiado.
La Casa de la Memoria “La Sauceda” de Jimena de la Frontera ha remitido a Abel
Fuentes orales
Entrevistas de familiares de Manuel Callado Sánchez, llevada cabo por Abel Estudillo Bernal, y Francisco Chico Pérez, por Jesús María Montero Barrado.
Bibliografía
CHUECA, Josu (2007). Gurs. El campo vasco. Tafalla, Txalaparta.
DOMÍNGUEZ PÉREZ, Alicia (2004). El verano que trajo un largo invierno. La represión político-social durante el primer franquismo en Cádiz (1936-1945), (2 vv.), Cádiz, Quorum Editores.
ESPINOSA, Francisco (2006). Contra el olvido. Historia y memoria de la guerra civil. Barcelona, Crítica.
GIL HONDUVILLA, Joaquín (2010). “Los sucesos de Vejer de la Frontera”, en Desde la proclamación de la República al18 de julio de 1936: el cambio de rumbo político en la 11 División Orgánica, tesis doctoral, Universidad de Huelva, https://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/2715/b15480495.pdf?sequence=1.
GUTIÉRREZ MOLINA, José Luis (2014). La Justicia del Terror. Los consejos de guerra sumarísimos de urgencia de 1937 en Cádiz, Cádiz, Ediciones Mayi.
GUTIÉRREZ MOLINA, José Luis (2015). “Sevilla/Cádiz. Un día en el archivo: cuatro nuevos nombres de asesinados”, en página web Todos (…) los nombres, 4 de junio, https://www.todoslosnombres.org/content/noticias/sevilla-cadiz-dia-en-el-archivo-cuatro-nuevos-nombres-asesinados
HERNÁNDEZ NAVARRO, Francisco Javier y MORENO TELLO, Santiago (2011). Vejer recupera su memoria, Cádiz, Diputación Provincial de Cádiz, en https://www.dipucadiz.es/export/sites/default/galeria_de_ficheros/memoria_historica/Vejer-recupera-su-memoria.pdf
HERNÁNDEZ NAVARRO, Francisco Javier y MORENO TELLO, Santiago (2012a). “Francisco Tato Anglada, el farmacéutico y alcalde pedáneo de Barbate en 1936”, en MORENO TELLO, Santiago (ed.), La destrucción de la Democracia: vida y muerte de los alcaldes del Frente Popular en la provincia de Cádiz, (v. 1), Sevilla, Junta de Andalucía.
HERNÁNDEZ NAVARRO, Francisco Javier y MORENO TELLO, Santiago (2012b). “Francisco Salgueiro, el último alcalde republicano de Vejer de la Frontera”, en MORENO TELLO, Santiago (ed.), La destrucción de la Democracia: vida y muerte de los alcaldes del Frente Popular en la provincia de Cádiz, (v. 2), Sevilla, Junta de Andalucía.
HERNÁNDEZ NAVARRO, Francisco Javier y MORENO TELLO, Santiago (2013a). “Francisco Tato Anglada: teorías para una muerte violenta en agosto de 1936”, en página web Todos (…) los nombres, https://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/investigacion233_1.pdf
PETTENGUI LACHAMBRE, José Aquiles (2005). La escuela derrotada. Depuración y represión del Magisterio en le provincia de Cádiz (1936-1945), Cádiz, Quorum Editores.
Puell, Fernando y Huerta, Justo A. (2007). Atlas de la Guerra Civil española. Antecedentes, operaciones y secuelas militares (1931-1945), Madrid, Síntesis.
Varo Pareja, Ambrosio (1988). “Incidencias para la independencia de un pueblo”, en AUTORÍA VARIA, Cuadernos de estudios de Barbate y su comarca, (v. 1), San Fernando, Asociación Cultural Círculo Amigos de Barbate-La Janda.
(Imagen: FRA)
José Prieto Gutiérrez, un marinero barbateño que estuvo recluido en el Fuerte de San Cristóbal
El hallazgo en abril de una fosa común donde enterraron en 1938 a numerosos muertos de una fuga masiva en el Fuerte de San Cristóbal, cerca de Pamplona, ha vuelto a poner de actualidad lo ocurrido a partir del 22 de mayo, que fue el día en que se inició. También acaba de reeditarse la obra de Fermín Ezkieta, Los fugados del Fuerte de Ezkaba (2013), que junto a la de de Félix Sierra e Iñaki Alforja, Fuerte de San Cristóbal 1938. La gran fuga de las cárceles franquistas (2006), ha estudiado minuciosamente el hecho.
La fuga del Fuerte de San Cristóbal, también llamado Fuerte de Ezkaba, fue tan masiva, que llegó a conocerse como "la gran evasión". Y tuvo tanta trascendencia, que la prensa de EEUU y el Reino Unido llegó a reflejarla en sus páginas, como hicieron The New York Times, The Guardian o The Times.
Los datos que aportan las investigaciones realizadas, resultan entre sorprendentes y dramáticos. Lo primero, por la dimensión, dado el elevado número de personas afectadas. Y lo segundo, por el elevado número de víctimas. En el momento de la fuga había 2.487 presos, si bien a lo largo de esos años llegaron a pasar por la fortaleza 4951. Se fugaron 795, pero acabaron siendo capturados 584. Fueron abatidos cuando transitaban por el monte, camino de Francia, 207. Sólo 3 lograron pasar la frontera. Quienes fueron capturados, tuvieron que pasar por los correspondientes consejos de guerra, acabando 14 fueron de ellos fusilados, acusados de haber organizado la fuga.
Pues bien, entre los presos que estuvieron en el Fuerte de San Cristóbal se encontraba un barbateño: José Prieto Gutiérrez. Poco sabemos de él, salvo la información encontrada en las páginas electrónicas Todos (…) los nombres, cuyos datos provienen de la obra de Sierra y Alforja; Fuerte de San Cristóbal-Txinparta, con la obra de Sierra y Alforja como fuente; y Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, donde se reproduce el listado de presos que pasaron entre 1936 y 1943, contenidos en Episodios de terror durante a Guerra Civil na provincia de Pontevedra (2007), de G. Amodeo y R. Gil.
A través de las mismas podemos acercarnos a nuestro personaje, del que nos indican que había nacido en Barbate y era marinero. Ignoramos cómo pudo llegar al norte de España, pero lo cierto es que el 1 de septiembre de 1937 fue condenado a 12 años de cárcel por un tribunal militar de San Sebastián, acusado de “auxilio a la rebelión”. Por esa razón fue recluido en el Fuerte de San Cristóbal, donde estuvo entre el 12 de enero y el 15 de septiembre de 1938. Teniendo en cuenta esta última fecha y el hecho de que no conste el haber sido juzgado por un consejo de guerra, no debió de estar entre los fugados. La salida del Fuerte estuvo acompañada, como consta en la información obtenida, de su trasladado a otra prisión, esta vez en Galicia y, más concretamente, en la Colonia Penitenciaria de la Isla de San Simón, en la ría de Vigo. Sin embargo, en la consulta que hemos hecho sobre las personas que estuvieron recluidas durante esos años no aparece su nombre.
José Prieto Gutiérrez pudo ser uno de tantos marineros que huyeron, bien desde Barbate o bien desde los caladeros de pesca donde estuvieran trabajando, cuando se dio el golpe militar de julio de 1936. Sabemos que bastantes lo hicieron desde Tánger, desde donde se dirigieron en mayor medida a Málaga. Iniciaron, así, un periplo de participaciones en distintos frentes de guerra, que culminó en casi todos los casos, cuando acabó la contienda, con su paso por algún campo de concentración y el posterior enjuiciamiento por un consejo de guerra.
El caso de José Prieto Gutiérrez, que ignoramos más allá de lo que hemos expuesto, pudo ser parecido. Pero no podemos decir nada más, porque sería conjeturar sin ninguna base. Lo que le ocurrió a partir del 15 de septiembre de 1938, cuando debió ser trasladado a la Isla de San Simón, y si cumplió la pena que le impusieron, que expiraba en 1949, por ahora no tienen respuestas.
José Prieto Gutiérrez fue, en fin, una más de las víctimas del fascismo, el mismo que provocó el estallido de una guerra en 1936, que reprimió con extrema dureza a quienes defendieron la República y que intentó que se borrara el recuerdo de lo ocurrido y de sus víctimas.
Ayer, lunes, los compañeros del Ateneo Republicano de Barbate Abel Estudillo Bernal y Jesús Mª Montero Barrado protagonizaron el primero de los actos organizados por el Aula Itinerante de Memoria Histórica y Democrática. Disertaron en la Casa de la Cultura sobre el tema "La represión en Barbate tras el golpe de 1936" con la presencia de un público que llenó la sala y que mostró gran interés.
A lo a lo largo de casi dos horas fueron dejando constancia de la labor que llevan realizando desde hace varios años, recogiendo, procesando y analizando información procedente de varios ámbitos. Han visitado los archivos municipales de Barbate y Vejer de la Frontera; recogido testimonios de personas que fueron testigos de los hechos, familiares o amigos; rastreado datos de distintas publicaciones, a su vez basadas en trabajos de investigación rigurosos, etc.
La información ofrecida es la primera presentada públicamente sobre distintos aspectos de la represión sufrida en Barbate desde que se iniciara la sublevación militar que derivó en una guerra de casi tres años y luego una dictadura. Un análisis que partió del carácter de la sublevación, cuyas consecuencias represivas estaban previstas con antelación, y que adquirió diversas formas, como los asesinatos de 12 personas (11 de ellas, desaparecidas), la reclusión en cárceles y campos de concentración, la depuración de profesionales y la destitución de cargos y en empleos municipales, los castigos económicos (separación del sorteo de hazas, multas, incautaciones, etc.)…
No faltó la referencia a las acusaciones que sufrieron, la huida al bando republicano, la situación de las mujeres y menores, la afiliación a diversas organizaciones políticas y sindicales… Y tampoco falto una alusión a las distintas formas de adaptarse o replantearse la vida durante la postguerra.
El Ateneo Republicano de Barbate es uno de los grupos y entidades que colaboran con el Aula Itinerante de Memoria Histórica y Democrática, dependiente de la Diputación de Cádiz. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre va a estar presente en varios municipios de la provincia, entre los cuales se encuentra Barbate.
Más concretamente, durante los días 14 y 19 de noviembre se desarrollarán diversos actos en la Casa de la Cultura, como la exposición "Conociendo la Memoria..." (todos los días); la conferencia “Una aproximación a la represión en Barbate tras el golpe de julio de 1936” (lunes 14), a cargo de Abel Estudillo Bernal y Jesús Mª Montero Barrado; el recital poético "Revuelta Poética Republicana” (miércoles 16), a cargo del grupo de teatro La Aurora de Barbate; la proyección del documental Tres días de julio (miércoles 16); y la representación de la obra de teatro Julie. La voz de cristal (viernes 18).
Precisamente la conferencia “Una aproximación a la represión en Barbate tras el golpe de julio de 1936” es la que dará inicio a los actos, contando para ello con la presencia de dos miembros del Ateneo Republicano de Barbate. Abel Estudillo Bernal y Jesús Mª Montero Barrado llevan algunos años dedicándose a investigar lo ocurrido durante ese tiempo y aportarán bastantes datos sobre una parte de la historia y la memoria del municipio que hasta hace poco resultaba incompleta, fragmentada y hasta manipulada.
Esperamos que los actos tengan una presencia numerosa de personas y que respondan a las expectativas de comprender mejor lo ocurrido. En el ánimo del Ateneo Republicano de Barbate se encuentra el sacar a la luz aquello que se ha ocultado y que necesita conocerse.
El Ateneo Republicano de Barbate está presente en una reunión provincial sobre memoria histórica celebrada en Jerez
El pasado martes, 1 de febrero, se celebró en la sede de la de la CGT en Jerez de la Frontera una reunión sobre la recuperación de la memoria histórica. En ella estuvo presente Jesús Montero, en nombre del Ateneo Republicano de Barbate. Asistieron representantes provinciales de grupos memorialísticos (foros, asociaciones o ateneos de Algeciras, Jerez, Puerto de Santa María, Barbate, Puerto Real, Ubrique, Jimena de la Frontera, San Fernando, CGT…), grupos municipales (Bornos, Medina Sidonia, Trebujena, Jerez…, en todos los casos de IU) y grupos políticos y sindicatos (IU, Podemos, CCOO, UGT, CGT…). No faltaron tampoco representantes de la Plataforma de apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo, como José Mª “Chato” Galante, de la asociación La Comuna, un asesor jurídico y Paqui Maqueda, miembro de dicha plataforma en Andalucía. Se contó con la coordinación y moderación de Cristóbal Orellana, de la Plataforma de Memoria Histórica de Jerez, y Ana Fernández, concejala de IU en Jerez.
La reunión tuvo dos partes, que, aunque diferenciadas, tenían nexos en común. La primera estuvo relacionada con la presencia de miembros de la Plataforma de apoyo a la Querella Argentina, que, principalmente en las personas de “Chato” Galante y el asesor jurídico que le acompañó, informaron acerca de la labor que están desarrollando y propusieron participar en la querella. La otra trató de la necesidad de coordinación de los distintos grupos memorialísticos de la provincia, para lo que se hicieron dos propuestas concretas que más adelante se expondrán.
La querella argentina contra los crímenes del franquismo
“Chato” Galante resaltó, en primer lugar, el hecho de encontrarnos en la mejor oportunidad desde la Transición para acabar con la impunidad del franquismo. Aludió por ello a la admisión por parte de la justicia argentina de una querella contra ese régimen por crímenes contra la humanidad.
La propuesta que planteó consiste en que los ayuntamientos se personen directamente en la querella. Esto se llevaría a cabo a través de un que se iniciaría con el acuerdo corporativo de declaración de la querella; luego, con la recogida de información, en muchos casos ya obtenida por los grupos memorialísticos, en forma de testimonios personales y pruebas basadas en las investigaciones históricas y exhumaciones de fosas realizadas; y finalmente, con la presentación de la querella.
Todo lo realizado hasta ahora está conllevando un proceso unitario y de gran complejidad, que se abrió el año pasado cuando un grupo de personas viajaron a Argentina y presentaron la querella, admitida por la jueza de ese país María Servini. Cada vez son más las personas que se están adhiriendo a título particular y son ya varios los ayuntamientos que han iniciado el proceso, como los de Pamplona y Zaragoza.
“Chato” Galante hizo hincapié en el trabajo que se está llevando a cabo desde la base por parte de los grupos memorialísticos, algo que está siendo reconocido por parte de la comunidad universitaria. La plataforma cuenta también con el asesoramiento científico de algunas universidades, como la Complutense y la Autónoma de Madrid, así como la Cátedra de Memoria Histórica de la UCM.
También destacó Galante las mayores posibilidades existentes en la judicatura de base, más próxima a la realidad social y, por tanto, más sensible a las demandas que se le plantean de cara a llevar a cabo exhumaciones de fosas. Esto está ayudando mucho en la investigación y adquisición de pruebas incriminatorias contra el franquismo. Por el contrario, las instancias judiciales superiores están resultando poco receptivas, cuando no obstáculos directos, como ocurrió cuando el juez Baltasar Garzón fue acusado de prevaricación en su intención de procesar al régimen al franquista.
Los crímenes contra la humanidad no prescriben
El asesor jurídico presente en la reunión informó acerca de los argumentos jurídicos en que se está basando la querella. El primero, que los crímenes contra la humanidad no prescriben. Y el segundo, relacionado con la ley española de amnistía de 1977, porque la jurisprudencia internacional no avala que ese tipo de crímenes puedan ser motivo de olvido judicial.
Recordó que España ya firmó en 1976 el Pacto Internacional de Derechos Humanos, que implica la aceptación por la legislación española de su contenido. Dentro de la jerarquía de normas, siendo la Constitución la más alta, en ella se menciona la adhesión a dicho pacto y cuantos lo sean de ámbito internacional, por lo que no procede que ninguna ley orgánica u ordinaria la contradiga. Como consecuencia, impedir la investigación y juzgar el delito de crímenes contra la humanidad no puede impedirse. Otra cosa es si la aplicación de cualquier sentencia debe hacerse efectiva en virtud de la existencia de una ley de amnistía.
Intervenciones
A lo largo de la reunión hubo bastantes intervenciones, en su mayoría de gran interés. Andrés Rebolledo, de la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en La Sauceda y El Marrufo, destacó las enormes dificultades con que se encuentran a la hora de ahondar en su labor, derivadas sobre todo de la no admisión por parte de los medios judiciales de las víctimas que, habiendo desaparecido, no fueron nunca encausadas. Propuso, por otra parte, la elaboración de un plan B en caso de que la vía de la querella argentina no prosperara y concretamente mencionó la formación de una Comisión de la Verdad. En otra intervención posterior se refirió a la necesidad de ubicar y fomentar la publicidad de los lugares de memoria.
Cristóbal Orellana, de la Plataforma de Memoria Histórica de Jerez, resaltó la necesidad de una mayor y más permanente coordinación, proponiendo dos reuniones: una, en abril, con el fin de evaluar las actuaciones que se puedan llevar a cabo desde los ayuntamientos en torno a la querella argentina; y otra, para el otoño, con el fin de hacer una puesta en común de los trabajos de que se están llevando a cabo (investigación histórica, exhumaciones, divulgación, etc.).
José Luis Gutiérrez Molina, del grupo vinculado a la CGT Recuperación de la Memoria de la Historia Social de Andalucía, resaltó la importancia de las exhumaciones y pidió que desde los ayuntamientos se facilitara el registro de las personas represaliadas que no fueron inscritas como tales.
León Moriche, del Foro de la Memoria del Campo de Gibraltar, llamó la atención de la necesidad de que la Junta de Andalucía se involucre más en el tema y recordó que Andalucía ha sido el territorio más castigado por el franquismo.
Hugo Palomares, alcalde de Bornos, y Santiago Gutiérrez, primer teniente de alcalde de Medina Sidonia, pusieron a disposición sus ayuntamientos para llevara a cabo cuantas actuaciones se necesiten. Se recordó, así mismo, que, dada la precariedad de medios económicos que suelen tener los pequeños ayuntamientos, se pueden utilizar los recursos jurídicos existentes en la Diputación Provincial.
Durante la reunión hubo un asunto que pareció esclarecerse, relacionado con las exhumaciones de los cuerpos de dos guerrilleros antifranquista enterrados en el término municipal de Medina Sidonia. La falta de coordinación y comunicación entre el grupo de memoria histórica de la CGT y del ayuntamiento es lo que ha llevado a ciertos malentendidos, que parece que ya están en vías de solucionarse.
Conclusiones
Finalmente, después de unas dos horas y media de reunión, se expusieron las conclusiones a las que se llegaron. Por un lado, lo relacionado con la querella argentina, de manera que desde la plataforma estatal se va a enviar un modelo tipo de declaración para iniciar el proceso en cada ayuntamiento; también, la necesidad de contemplar un plan B, concretado en la posibilidad de crear una Comisión de la Verdad; y por último, prestar atención desde los ayuntamientos a los registros de personas represaliadas que no aparecen inscritas ni en causas judiciales ni en ningún tipo de registro oficial.
Por otro lado, se aceptó la realización de las reuniones propuestas por Cristóbal Orellana para abril y otoño. Sobre la primera no quedó claro dónde iba a celebrarse, si bien el grupo de Jerez se propuso para coordinarla y desde Medina Sidonia se propuso acogerla.
(Texto e imágenes de JMB)
Abel Estudillo Bernal
En este artículo hablaré de un capítulo de la historia de Barbate y de su localidad matriz, Vejer de la Frontera por aquellos años, ya que esta parte de su historia local es compartida por ambas, a la vez que está oculta y enterrada en el tiempo, como si un estigma de vergüenza forzara su olvido histórico. Y así, obligando a sus protagonistas y familiares a padecer una mudez y amnesia de por vida sobre los hechos que transformaron sus vidas y las de sus familiares.
Hablaré de aquellos años fatídicos de la Guerra Civil, de traiciones, de asesinatos sin sentido, de una locura colectiva donde llegó el hombre a perder la cordura y sólo a atender ambiciones, rencor y odio por el prójimo. Mientras lees estas líneas pensarás que ese episodio de la historia funesta de este país pasó de largo por este territorio y que sólo te vengan a la mente casos contados y bastante sonados, de los cuales ya se han escrito innumerables páginas. Los casos a los que me refiero son los del alcalde pedáneo por aquellos años, Francisco Javier Tato Anglada, conocido como “el Tato”, los hermanos Carito, Manuel y Juan, o el del maestro de Zahara de los Atunes, Manuel Abel Romero.
Son cuatro vidas segadas por la mano de sus conciudadanos y vecinos. Cuatro vidas que para muchos no es nada para lo que pasaba en el resto del país por aquellos días. Triste es pensar que unas vidas valen más que otras sólo por su nivel social o cultural. Para mí sólo es válido el nivel y calidad humana de las personas, ya que todos somos iguales ante las inclemencias de la vida.
Pero no son solo cuatro las vidas que se llevaron aquellos fatídicos años de asesinatos y represión. Fueron muchos los que perdieron la vida y hasta hoy no saben sus familiares donde están sus cuerpos. Hoy en día hay familiares que deambulan por cementerios de la provincia dejando ramos de flores en las tapias exteriores, ya que han oído que allí llevaban a estos valientes a ser ajusticiados por viles cobardes. Sí, valientes porque afrontaron la vida con ideas y dignidad, así también como su muerte. No como sus asesinos, que fueron cobardes de por vida, ya que mataban por la espalda o disponían de otros para realizar sus macabros deseos de muerte y ni hasta su muerte fueron capaces de afrontar su naturaleza pérfida.
Algunos de esos olvidados eran personas honestas, trabajadoras y, sobre todo, humildes. Como fueron...
DIEGO LIGERO LIGERO. Listero en la lonja y luchador por los derechos laborales de sus compañeros de oficio. Hablan de él que fue una persona de carácter reivindicativo, humilde y luchador. Algunos testimonios orales dicen que era de ideas socialistas, pero en los papeles oficiales escritos ya por la parte sublevada lo tachan de dirigente del Partido Comunista en Barbate. Fue apresado por sus ideas de izquierdas, ingresado en la cárcel de Vejer y después trasladado a la de el Puerto de Santa María. Es desde allí donde lo llevaron a ajusticiarlo sin ningún tipo de juicio. Le comunicaron a la familia su muerte, pero no el lugar donde este se encuentra.
FRANCISCO BRAZA BASALLOTE ¨FRASQUITO¨. Vivía en San Ambrosio y era labrador de profesión. Era militante del Partido Socialista y fue concejal en 1936. Era bastante inteligente, sabía leer y escribir, lo que dice mucho de su persona y su buen hacer como concejal, ya que en aquellos tiempos el analfabetismo imperaba en el campo andaluz. Al estallar el golpe de estado es avisado de su pronto apresamiento por su condición de izquierdas, por lo que decidió esconderse. Aunque de nada le sirvió, ya que fue delatado días después por un vecino. Fue llevado a la cárcel de Vejer y de allí partió hacia su muerte. En documentos de la época del ayuntamiento de Vejer se confirma su muerte, pero no su paradero. Según testimonios orales se dice que puede estar en una fosa común en La Muela y otros lo sitúan en el cementerio de Tarifa, donde fueron fusilados dieciocho presos de la cárcel de Vejer. Eran todos ellos de ideas de izquierdas y sirvió para satisfacer el ansia de venganza de una familia adinerada de Vejer, ya que su hijo menor, miembro de Falange, había perdido la vida en combate contra las tropas leales a la República o, mejor dicho, al gobierno legalmente constituido.
FRANCISCO MIRALLES MORENO. De él hay menos datos. Se sabe que era miembro del Partido Comunista y que fue apresado por ello. Estuvo en la cárcel de Vejer y después fue llevado a Tarifa, donde fue fusilado. Probablemente fue uno de esos dieciocho que partieron de Vejer para Tarifa a encontrar su muerte.
FRANCISCO UTRERA RIVERA ¨GARRUCHO¨. Almadrabero de profesión y comparsista por devoción, de él se dice que fue presidente del Sindicato de la Almadraba, que algunos lo asocian a la CNT. De carácter reivindicativo y humilde, se enfrentó en varias ocasiones contra los poderosos de la localidad en su lucha por unas justas condiciones laborales y sociales. Era muy conocido en el ambiente carnavalesco de la localidad, ya que era guitarrista de una comparsa. Fue arrestado y conducido a la cárcel de el Puerto de Santa María, de allí a la de Cádiz y ahí se pierde su pista. A la familia se le comunicó su muerte el día 17 de febrero de 1937, pero no el lugar donde se encuentra su cuerpo. Aparece en BOP como fallecido por responsabilidades políticas sin fecha.
JOSÉ UTRERA RIVERA. Hermano del ¨Garrucho¨. También almadrabero de oficio y miembro del mismo sindicato que su hermano. Por testimonios orales sabemos que compartía la misma pasión por el carnaval que su hermano. ¡Quién sabe si sus letras estaban llenas de reivindicaciones sociales! Fue apresado y llevado a la cárcel de El Puerto de Santa María, de allí se le trasladó a la de Algeciras y luego ya desaparece. Aparece en el BOP como fallecido por responsabilidades políticas sin fecha.
JUAN REDONDO VARO. De él no hay mucho, sólo el testimonio de los que vieron cómo lo apresaban y la solicitud de viudedad de su esposa que se conserva en el archivo de Barbate.
FRANCISCO LÓPEZ RAMÍREZ. Al igual que Juan Redondo no hay mucho. Unos vecinos vieron su detención, pero no su muerte, y la solicitud de viudedad de su esposa se conserva en el archivo de Barbate.
JOSE MELERO LADRÓN DE GUEVARA. Se le cita en el trabajo de Alicia Domínguez El verano que trajo un largo invierno, publicado en 2004. Aparece en el BOP como fallecido por responsabilidades políticas sin fecha.
JUAN PORTA CRESPO. Se le cita en el trabajo de Francisco Javier Hernández Navarro y Santiago Moreno Tello sobre el asesinato de Francisco Tato publicado en el Heraldo de Barbate. Porta perteneció a la CNT, y fue detenido y trasladado a la cárcel de Vejer. Compartió causa con Francisco Tato y Antonio Oliva Ramírez. Como recogen los historiadores en su artículo, se cree que tuvo la misma suerte que el Tato.
ANTONIO OLIVA RAMÍREZ. Se le cita en el trabajo de Francisco Javier Hernández Navarro y Santiago Moreno Tello sobre el asesinato de Francisco Tato publicado en el Heraldo de Barbate. Era marinero de profesión y fue detenido por unos comentarios desafortunados sobre los sublevados. Trasladado a la cárcel de Vejer, compartió causa con el Tato y Juan Porta, incluida la suerte del primero.
He aquí algunos de los que fueron vilmente traicionados y asesinados. Sólo son algunos, pero fueron muchos más los que padecieron la repulsa de sus propios conciudadanos. Sólo he querido nombrar de los que tengo datos orales y de archivos. La lista es mucho más larga si incluimos a todos los represaliados y a sus familias, los combatientes que regresaron a casa como prisioneros de guerra y fueron estigmatizados por la sociedad como perdedores o rojos sólo por defender a un gobierno legal y elegido por el pueblo.
No debemos olvidar tampoco a aquellos marineros que el golpe de estado los cogió faenando y debido a eso tardaron años en volver a sus casas de una manera que nunca podrían olvidar. Pero eso lo dejamos para el próximo artículo.
Como podéis ver, en Barbate no todos eran de Franco, sino de ellos mismos y de sus ideales democráticos. Eran héroes que lucharon de por vida por defender sus creencias, aun en la clandestinidad, y aportaron su semilla ideológica para hacer nacer de nuevo en nuestro pueblo la esperanza de libertad.
Sólo espero con este artículo darles su sitio en la historia de un pueblo que se merece tener héroes de verdad. Héroes que dieron sus vidas por defender el bien social y que merecen que sus nombres sean recordados y nunca más olvidados por sus vecinos. Por los que lucharon antaño.
Por: Grupo de trabajo «Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía» (RMHSA de CGT.A)
No es que sean malos tiempos para la lírica, es que tampoco son buenos para la épica. Cautivo y desarmado el movimiento memorialista, las tropas administrativas están alcanzando sus últimos objetivos. Son tiempos de derrota. No total porque la sociedad nunca lo termina siendo por completo. Esa es la esperanza. Que tras la resistencia, poner pie en pared, venga, de nuevo, el paso adelante, la ofensiva civil. Son muchos los indicios de ello. Vamos a centrarnos en dos: el cumplimiento de los compromisos económicos por parte de las administraciones, en esta caso la autonómica, y la política de exhumaciones.
para www.todoslosnombres.org/ 22/05/2015/ Grupo RMHSA de CGT.A
1. Las subvenciones 2013 y 2014
Cercano a que el año 2015 llegue a su ecuador, del 25 % que faltaba por librar de la subvención del año 2013 no se sabe nada. Están justificados los gastos hace meses y adelantada la cantidad en muchos casos, como en el de «Todos (?) los Nombres», pero los organismos competentes ni hablan ni se les espera. O por lo menos eso parece.
Aún más problemática es la situación de la nonata subvención de 2014. Recordemos que, cuando ya estaba aprobada una resolución provisional, una orden de la supe-rioridad envió al limbo de las covachuelas administrativas el uso efectivo del dinero. Desde entonces, noviembre de 2014, se nos ha venido diciendo ?siempre en voz baja y con sordina? que los problemas burocráticos se habían solucionado y que, en breve, saldría la resolución definitiva y se harían efectivas las cantidades.
2. Por supuesto que de la de 2015 ni está ni se le espera
Esto fue lo que nos dijo Javier Giráldez, director general de Memoria Histórica - preferimos este nombre que deja claro a qué nos referimos frente al más ambiguo de Memoria Democrática- en la reunión que este Grupo mantuvo con él cuando ocupó el puesto tras el cambio de Gobierno de la Junta que llevó a la convocatoria de elecciones del pasado mes de abril. Una situación provisional que se prolonga en el tiempo y, parece, que lo hará por algunas semanas más.
Entramos en un contexto que se escapa al mero ámbito memorialista. Aunque le afecte. En un mundo político y una sociedad con tantos déficits democráticos, siquiera los formales, la confusión entre administración y gobierno es completa. Tanta que se identifica la primera con los intereses del segundo y, mientras que no lo sean, todo es «provisional». Evidentemente las opciones políticas son las que deciden la orientación de la administración. Pero también lo es que, en un Estado homologable a las demo-cracias occidentales, debe ser historia la época de las cesantías y la parálisis de la vida social, que siempre es más amplia que la gubernamental.
Sin embargo «la provisionalidad», en lo que respecta a la Memoria Histórica, es el instrumento que pone de manifiesto que los partidos políticos, incluso aquellos que se dicen de «izquierdas», la consideran una cuestión de segundo orden. Nunca apostaron decididamente por ella. Cuando lo hicieron fue por el empuje del movi-miento asociativo, en el que participaban muchos de sus afiliados, que ponía a los partidos políticos contra la pared.
Los años setenta no eran el momento. En los ochenta, la sociedad anestesiada no la demandaba. A finales del siglo pasado el despertar de una parte de la sociedad, los primeros síntomas de un régimen que se resquebrajaba y los intereses electorales la subieron a la cresta de la ola. A regañadientes, con la boca chica siempre, muchos se montaron al carro. Pero poco habían cambiado en treinta años. La existencia de un movimiento civil autónomo y potente volvió a despertar urticarias en las direcciones de las empresas que son los actuales partidos políticos. Poco tardaron en aprestarse a controlar o desmontar las asociaciones por la Recuperación de la Memoria Histórica. Por las buenas o por las malas. En última instancia siempre cabía la posibilidad de pasarse por el registro e inscribir cuantas nuevas asociaciones fuesen necesarias y autoproclamarse (a modo de sindicato) «más representativas».
Así, en Andalucía, precisamente este año se ha cumplido (enero) la década de lo que primero fue la oficina del Comisario de la Memoria Histórica de Andalucía, el antecedente de la actual Dirección General, al rebufo de lo que estaba haciendo el Gobierno central, por aquel entonces, también gestionado por el PSOE de Rodríguez Zapatero. Por cierto, que quizás celebrar este cumpleaños fuera un buen momento para que se iniciara la buena práctica de elaborar un balance público de la actividad realizada. Ni siquiera tiene que ser anual, podría ser cuatrienal por eso de los tiempos electorales. Bueno, si se mantienen. Sería un avance ya que hasta hoy, tras el «gobierno» de la memoria andaluza por cinco políticos, ninguno ha considerado necesario hacerlo. También es verdad que nadie, ni en el Parlamento ni en la calle, ha pedido explicaciones por este hecho.
La consecuencia ha sido que años después de ordenar la elaboración de un mapa de fosas y, tras pasar también un largo espacio de tiempo antes de ser hecho público en la Web de la consejería pertinente, no ha experimentado ninguna modificación a pesar de las decenas de intervenciones realizadas en fosas desde entonces. Vergüenza debe dar tal actuación que, cuando la comisión de la ONU visitó estas tierras, los responsables mintieron asegurando que se iba actualizando. Algunos pensamos, malamente, hay que reconocerlo, entonces que, haciendo de la virtud vicio, es decir, aprovechando una necesidad, lo que en realidad se pretendía era mantener «distraídas» a las asociaciones en una faena que sobrepasaba su capacidad de acción y así se «olvidaban» de otras.
Podemos poner otros ejemplos de cómo descafeinar la acción memorialista y, por supuesto, no hacer ningún balance. Uno es el de los «lugares de memoria», un híbrido con el que escabullirse de la figura del Bien de Interés Cultural y, además, poder contentar a muchos e inaugurar muchas más placas y monolitos. Bueno, pues si hay alguien interesado en conocer el catálogo actual completo o su localización por provincias o localidades, se llevará un gran chasco. Simplemente no existe. Ni en papel ni digital. Otro caso, desaparecido en los muelles de las brumas administrativas, es el de los «tejedores de memoria». ¿Quién se acuerda de ellos?, ¿quiénes saben cuántos son y sus nombres?
Hoy, quince años más tarde, han conseguido prácticamente el objetivo, a tenor por el encefalograma prácticamente plano del tejido asociativo memorialista. Salvando, por supuesto, contadas excepciones. La RMH es una cuestión de segundo o tercer orden en los programas electorales. Se le dedican unas cuantas líneas y se silencia en las intervenciones públicas. Renacen las viejas prácticas de las buenas palabras y ningún hecho. Una música que no es nueva. Lleva muchos años tocándose.
Así que ¿librar el 25 % adeudado de la ayuda de 2013? Claro que es un compromiso. ¿Qué cuándo se llevará a cabo? Estamos en ello. Recordárnoslo de vez en cuando, ¿en campaña electoral? Bueno, si queréis, pero tampoco es tan importante.
¿La del 2014? Bueno, conocéis el problema que hubo. ¡Está arreglado! Pero ya sabéis que las cosas llevan sus trámites. En la administración nada es fácil. ¡No os podéis imaginar lo complicadas que son las cosas para que queden de verdad transparentes y justificadas! No os preocupéis que, en breve por supuesto, se resolverá...
Más difícil es lo del 2015. ¿Qué están aprobados los presupuestos? Sí, pero ha habido que ajustarlos. Ya sabéis la presión del Gobierno central en manos de los fachas del PP. Además todavía no hay Gobierno. Cosas de las elecciones y de la maldad de los demás partidos que ni comen ni dejan comer. ¡Irresponsables! En esas estamos. Contentos y sin la dote de la novia. Tampoco, de momento, parece que ésta vaya a aparecer por el lugar de la boda.
Mientras, no hay problemas de ningún tipo, incluidos los económicos, en continuar con políticas comenzadas con anterioridad. Aunque valgan dinero. Lo veremos ense-guida con un ejemplo sobre la cuestión de las exhumaciones.
3. La intervención en la fosa de Paterna de Rivera (Cádiz)
Las exhumaciones de los asesinados fue uno de los elementos constitutivos de las asociaciones por la Recuperación de la Memoria Histórica. Columna vertebral de sus actuaciones es, también, uno de los puntos más polémicos que han dividido a asociaciones, familiares, partidos y administraciones.
Las intervenciones en cementerios, campos y cunetas fueron una tarea asumida por familiares y, después, las asociaciones formadas por ellos ante la inacción de la administración democrática en todas sus facetas: gubernativa, legislativa y judicial.
Un tema, sensible por muchas cuestiones, que fue afrontado por unos y otros con los instrumentos y medidas que tenían a su alcance. Fuera del alcance judicial y arqueológico por encontrarse en «tiempo muerto» (con perdón), fueron las propias leyes mortuorias existentes las que permitieron y deben seguir de momento permitiendo la intervención: básicamente la autorización del propietario del terreno en donde se encuentren los restos.
Por supuesto que la intervención debe basarse en un protocolo de buena práctica que recoja todas las variantes de una exhumación de este estilo. Contamos con varios de ellos, tanto locales, regionales y nacionales como internacionales. De momento, a tenor con la experiencia acumulada, en Andalucía podemos encontrar ejemplos afortunados y desafortunados, independientemente del protagonista de la iniciativa. Sean familiares, asociaciones o administraciones. Así que no se pueden cargar las culpas en unos u otros como a veces se ha querido argumentar.
Pero a medida que ha pasado el tiempo, y dentro de ese principio general de asimilación, control y desmontaje del asociacionismo memorialista, han comenzado a aparecer dificultades, cada vez en mayor número. De dos tipos principalmente: administrativas y por una supuesta judicialización. Las primeras por el cada vez mayor protagonismo de la administración.
Una actuación siempre demandada por familiares y asociaciones en el convenci-miento, por lo menos por nuestra parte, de que ello significaba la asunción de las exhumaciones como una política activa de memoria, como un compromiso de poner la maquinaria administrativa a disposición de resolver un problema no creado por ellas. Ingenuos que somos.
Sin embargo, pensamos que no ha sido así. Creemos que se ha utilizado como un instrumento más para reducir el papel de familiares y asociaciones. Un reflejo más de la histórica, por lo menos hasta cuarenta años atrás, desconfianza de las estructuras partidarias y estatales hacia la ciudadanía. Hacia la sociedad que unas dicen represen-tar y otras administrar. Como si el partido encargado de la administración fuera su propietario, único con capacidad de gestionar y, por supuesto, decidir. Algo con lo que no estamos de acuerdo y, hoy más que nunca, no es real ni política ni socialmente. Incluso en una democracia formal, su concepto debe ser un poco más ancho.
Así que paulatinamente se ha ido reduciendo por la vía de los hechos la posibilidad de llevar efectivamente las intervenciones propuestas por asociaciones y familiares. Se les ha ido arrinconando a pesar de declaraciones e intenciones. Y eso cuando se hacen. Bastaría recordar que esta autonomía gobernada por supuestas izquierdas ha sido la única, y no deseamos que se tenga que repetir, donde miembros de una asociación se han tenido que poner en huelga de hambre ante el intento de desplazar a los familiares al grito de ?¡los muertos son de todos!?, que parecía querer decir que son de todos menos de las familias. No queremos pensar qué hubiera ocurrido si tan esperpéntica situación hubiera tenido lugar en una autonomía gobernada por irredentos derechistas fachas.
Entre deseos y propuestas de exhumación y su efectiva realización se ha ido interponiendo un cada vez más espeso bosque de condiciones de obligado cumplimiento. En muchos casos ni siquiera respaldadas por una necesidad legal, pero que añaden oscuridad y falta de transparencia. Por cierto, no desesperamos en que esta palabra tan de moda termine por llegar al área memorialista de la Junta de Andalucía. Trabajo tiene. Por ejemplo, podría poner a disposición pública los informes de las exhumaciones realizadas, así como del cumplimiento de los plazos de las subvenciones dadas. Y, en fin, de todos los trabajos resultantes de dichas subvén-ciones. Lo decimos porque nosotros por no entregar el trabajo en el plazo previsto, una investigación y su publicación, sufrimos una sanción. Por tres meses, 1.500 euros.
Retomemos el hilo. Ahora, la vía de los hechos impone una primera comunicación a los órganos competentes, léase Dirección General de Memoria Democrática (DGMD), una resolución de un Comité Técnico, cuyos fundamentos, conocimientos y real evaluación de los proyectos permanece en la bruma de la trastienda burocrática, y un acuerdo aprobatorio final. Independientemente de la participación estatal, o no, en la finan-ciación. Primer permiso que debe ir acompañado de la, realmente indispensable, autorización del propietario de los terrenos en donde se quiere intervenir. Algo perfectamente entendible si lo interpretamos como un renglón más del papel activo del Estado y de la necesidad de garantías en las intervenciones. Pero no si se quiere utilizar como un arma para desplazar y reducir el espacio de actuación de familiares y asociaciones. Para convertir en protagonista a la administración, incluso cuando lo único que hace es apropiarse del trabajo ajeno. Algo incluso ilegal tratándose de una subvención.
Por si no fuera poco, desde hace unos meses también se intenta convertir en indispensable, en requisito previo, la judicialización de las exhumaciones. No existe ningún requisito legal que así lo exija. Más allá de las ganas de actuar, o no, que hayan tenido determinados jueces y juezas (no vayan a pensar que no somos políticamente correctos), lo cierto es que en todos los casos han coincidido en que no hace falta ninguna resolución judicial para realizar la exhumación. Ya se ha dicho: el tiempo excede el requerido, veinticinco años. Otra cosa es su consideración como crimen de lesa humanidad y los plazos que significa.
Judicializar las exhumaciones es otro de los debates que llevamos realizando desde hace quince años. Nosotros estamos entre quienes creemos que intervenir en las fosas no va necesariamente acompañado de la destrucción de pruebas de los crímenes del franquismo. Que la elaboración por arqueólogos y antropólogos forenses de sus informes mantiene la prueba testimonial. Que se puede denunciar ante el juzgado pero que la resolución de este, hasta ahora siempre archivar, independien-temente de que se pueda recurrir a algún considerando favorable, no puede significar la paralización de la exhumación.
Utilizar este argumento, no necesario legalmente repetimos, significa dejar en último término a los familiares que llevan años esperando la ocasión y que, en bastantes casos, no tienen mucho tiempo más. Una crueldad, un jugar con los sentimientos que no tiene ninguna justificación más que el interés de quienes administran a la administración. A sus componendas, tiempos y objetivos. Es decir, utilizar la administración de lo público en interés privado. Porque se sabe que resolver estas cuestiones no es una prioridad para los jueces. Como tampoco la justicia destaca por su rapidez resolutoria.
Hemos demostrado durante años que verdad, justicia y reparación son nuestros objetivos. Pero no son unas palabras vacías que se utilizan grandilocuentemente para, después, olvidarlas cuando hay que decirle a un familiar que espere, que sus ansias no son importantes, que más lo es el titular o el camino, que se le supone bieninten-cionado, de ligar memoria histórica y justicia administrativa. Que los tiempos de palacio van despacio.
Hace ahora un año que, tras un largo camino previo, comenzaban las intervenciones, en forma de cata, en el cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz), propiedad eclesiástica. Entonces ocupaba la recién creada DGMD, Luis Naranjo de IU. Fue bajo su mandato cuando se dio el paso de abrir aún más el foso con muchas familias y colocar a las asociaciones en la tesitura de pasar por sus horcas caudinas o atenerse a las consecuencias. Conocidos son los resultados que produjo. Por entonces los familiares de la población gaditana, conjuntamente con miembros de este grupo, decidieron comunicar sus actuaciones a la DGMD. Sobre todo porque en un inusitado amor al cumplimiento de los dictados de la administración socialista-comunista y de subordinación al poder civil, el obispado de Cádiz exigió el pertinente escrito de autorización.
Nuestro objetivo es ayudar a las familias y facilitarles el camino, no crearles problemas. Así que se anduvieron los caminos exigidos y, finalmente, con el apoyo del Ayuntamiento de Paterna, con equipo de gobierno del PSOE, durante dos fines semanas se realizaron las catas pertinentes hasta que aparecieron restos que indicaban, tras la oportuna consulta antropológica forense, que se trataba de muertos violentamente. En ese momento la dirección arqueológica, siguiendo las instrucciones de la DGMD y como también antes se había realizado, puso en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Chiclana de la Frontera el hallazgo. Presentación que, sobre la marcha, el juzgado decidió archivar y así se lo comunicó a quienes la presentaron. De todas formas, en los días siguientes, desde la DGMD se insistió en el escrito de denuncia que hasta el presente no se ha resuelto, a pesar de de que los dos directores generales, tanto Luis Naranjo en julio del año pasado como Javier Giráldez en marzo del presente, se han interesado por el asunto ante el juzgado.
Mientras, con vistas a preparar la intervención en esta primavera, las familias, el arqueólogo y miembros de este grupo contactaron con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Paterna con el fin de concretar el ofrecimiento de apoyo económico que había realizado y puesto en práctica durante la cata. En aquella reunión, celebrada en el otoño del 2014, además de reafirmar el alcalde paternero su disposición total, las familias informaron de la creación legal de una Asociación de Familiares y este grupo de trabajo informó de que el sindicato CGT había destinado 1000 euros a la exhumación. Así mismo se decidió volver a solicitar el permiso al obispado, previo paso por la DGMD, para la nueva intervención.
Así quedó la cosa hasta que hace unos días, el jueves pasado, se celebró en Paterna una nueva reunión, a la que acudió el director general y a la que los miembros de este grupo no fueron invitados. En ella se informó a las familias de que se consideraba que, mientras no estuvieran resueltas por el juzgado de Chiclana las diligencias abiertas el año pasado, la DGMD creía que no se podía intervenir y que la asociación paternera podía presentar un nuevo escrito solicitando la resolución de las diligencias previas. Eso sí, Javier Giráldez se comprometió a que se harían cargo de todo el proceso de exhumación una vez resuelto el tema judicial.
Este grupo no sabe exactamente qué significa ese hacerse cargo de «todo». No estuvo presente en la reunión. Además, la falta de transparencia en la elección de intervenciones y su financiación ha sido una constante desde que se eliminaron de la concurrencia pública las intervenciones en las exhumaciones y tan solo se conocen a posteriori y cuando se considera pertinente. Al comienzo de este texto hemos dicho que la administración andaluza de la Memoria Histórica no ha hecho ningún balance de su actividad. Lo que sí tenemos claro es que la prevista exhumación, a menos que el juez o jueza tenga a bien desprenderse del tema en un breve plazo, se suspende sine die. Eso sí, ante las próximas elecciones queda de manifiesto la voluntad del Ayuntamiento, que parece haber tomado las riendas del asunto, y de la DGMD, ambas ocupados actualmente por PSOE, de proceder a la exhumación siempre que les dejen. ¡A eso se llama echar balones fuera!
Ya se ha explicado por qué consideramos que no se trata sino de una práctica dilatoria que corresponde al planteamiento general de la cuestión y que no pasa, desde luego, por considerarlo un tema importante de la política de la Junta de Andalucía. Ya se vio en el discurso de investidura de Susana Díaz: ni una mención. También veremos, si logra formar gobierno, si la DGMD continúa o si es sacrificada por eso de reducir al mastodonte burocrático autonómico. Ya saben que estamos en tiempos de austeridad y hay que dar ejemplo. No nos vale tampoco la supuesta provisionalidad de la administración regional. Esta funciona y, se supone, que en las perspectivas del nuevo gobierno está continuar con las políticas de memoria. Aunque sean escasas y excluyentes.
En definitiva, en estos días hemos asistido a la demostración del papel cada vez más secundario que tiene la RMH para la administración andaluza. Una en el aspecto más general. Otra a pie de tierra, la que pocas veces se conoce. La que pone más al descubierto las vergüenzas. Cuando hace más de quince años comenzamos a transitar de forma organizada este camino teníamos claro que no iba a ser de rosas. Ni siquiera si íbamos a tener muchos compañeros de viaje. Incluso que con algunos de ellos había que tener mucho cuidado. No nos importó. No tenemos vocación ni de dirigentes de masas ni de poseer la verdad. Solo tenemos claro algunos objetivos.
Que las famosas palabras verdad, justicia y reparación, que están de boca en boca, no son conceptos vacíos. Al contrario, están llenas de contenido, de nombres de personas, de sus historias, de sus rostros. Por eso hemos impulsado la web www.todoslosnombres.org, por eso hemos editado investigaciones, por eso reivindicamos la necesidad de que se reconozca el trabajo esclavo, etc., por eso ayudamos a las familias que buscan a sus deudos antes de que se les acabe el tiempo. Su prioridad es la nuestra. Estrategias, tiempos políticos y demás yerbas se subordinan a ella. ¡Ha pasado ya demasiado tiempo para seguir jugando con ellas!
No importa caer, no importa que desmonten lo que no controlan, una y otra vez. Volverán. Los problemas no desaparecen. Si se aplazan renacerán de diferente forma, bajo distintos protagonistas, con otros nombres. Pero volverán. Como las golondrinas de Bécquer. Por eso de la poesía con la que empezábamos.
Salud y memoria.
El Ateneo Republicano de Barbate va a participar en erl Aula Itinerante de Memoria Histórica y Democrática que organiza la Diputación de Cádiz entre los meses de noviembre y diciembre. Más concretamente en Barbate
